En una jugada que busca reactivar la economía y aliviar el bolsillo de los colombianos, el senador Christian Garcés, del Centro Democrático, radicó en la Cámara de Representantes dos proyectos de ley que apuntan a institucionalizar hasta tres jornadas anuales de Día sin IVA y a eliminar de forma gradual el Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido popularmente como 4×1.000. Las iniciativas fueron presentadas para trámite legislativo en el año 2026 y su discusión comenzará en las próximas semanas en el Congreso de la República.
El primer proyecto plantea facultar al Gobierno nacional para decretar hasta tres Días sin IVA por año, con prioridad para aquellos productos fabricados o ensamblados en Colombia, o cuyo contenido nacional sea igual o superior al 50%. La medida, que aplicaría exclusivamente sobre bienes corporales muebles, no concedería derecho a devolución ni compensación del IVA. El segundo proyecto establece un cronograma de reducción anual del 4×1.000 a razón de 0,5 puntos por mil cada año, desde 2028 –cuando la tarifa pasaría de 4 a 3,5×1.000– hasta llegar a cero el 1 de enero de 2035. La tarifa actual grava cada mil pesos de las transacciones financieras.
Un alivio tributario con impacto fiscal calculado
Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el recaudo del 4×1.000 para 2025 asciende a 16,28 billones de pesos, equivalentes al 5,53% del total recaudado. La eliminación gradual implicaría una pérdida fiscal de 2,034 billones en 2028, que se duplicaría a 4,069 billones en 2029 y llegaría a 6,103 billones en 2030, con montos crecientes hasta la desaparición total del tributo en 2035. Actualmente, el impuesto tiene una exención de 350 Unidades de Valor Tributario (UVT) mensuales –unos 18 millones 330 mil 900 pesos– solo para personas naturales, mientras que las personas jurídicas no cuentan con ningún umbral de exención. La Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, citada en el proyecto, ha señalado que el Gravamen a los Movimientos Financieros es un impuesto distorsionante que desincentiva el ingreso de las empresas a la economía formal y disuade la inversión nacional y extranjera. Incluso ha recomendado que el tributo se aplique únicamente sobre los retiros en efectivo, en lugar de gravar todos los movimientos por medios bancarios o digitales.
«Con estos proyectos queremos aliviar el bolsillo de los hogares colombianos, reducir costos para quienes producen y generan empleo, y enviar un mensaje claro de confianza al sector productivo», afirmó el senador Christian Garcés, autor de las iniciativas.
Christian Garcés, senador del Centro Democrático
Garcés agregó que institucionalizar el Día sin IVA y eliminar progresivamente el 4×1.000 son medidas que impulsan el consumo, la inversión y la formalidad, y que ambas van en la línea de la apuesta del Centro Democrático de disminuir impuestos e incentivar el sector productivo del país. La justificación económica de los proyectos se apoya en la desaceleración del consumo de los hogares, que pasó de crecer un 13% en el primer semestre de 2022 a apenas un 2,2% en el mismo período de 2023, una caída de más de 8,5 puntos porcentuales. Además, se mencionan indicadores como el crecimiento del PIB de 0,6% en 2023, 1,7% en 2024 y 2,6% en 2025, con una proyección de 2,4% para 2026; una inflación de 5,1% en 2025 y proyectada en 6,4% para 2026; y un déficit del Gobierno Nacional Central de 6,4% del PIB en 2025, con una meta de 6,6% para el año siguiente.
Este no es el primer intento de institucionalizar el Día sin IVA. Un proyecto similar fue aprobado por el Congreso en 2024, pero el Gobierno lo objetó por razones de inconstitucionalidad y conveniencia fiscal. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-076 de 2025, se declaró inhibida y archivó la iniciativa debido a un vicio procedimental, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. El nuevo diseño corrige ese aspecto: faculta al Ejecutivo –no lo obliga– y condiciona la activación de las jornadas a la sustitución de la fuente fiscal que compense el impacto, con concepto previo del Ministerio de Hacienda y la Dian. Por su parte, el 4×1.000 tiene una larga historia: nació como impuesto temporal en 1998 con una tarifa de 2×1.000, se volvió permanente en el año 2000 a 3×1.000 y se elevó a 4×1.000 en 2003. Intentos de desmonte en 2010, 2013, 2014 y 2016 no prosperaron. La deducción del 50% del GMF pagado, que actualmente compensa parte del costo para las empresas, solo mitiga parcialmente la carga: para sociedades con tarifa de renta del 32%, el beneficio financiero equivale al 16% del impuesto pagado, dejando una carga efectiva del 84%.
En un contexto de crecimiento económico moderado y alta inflación, las dos iniciativas del Centro Democrático buscan enviar una señal de confianza al sector productivo y aliviar la presión tributaria sobre hogares y empresas, aunque su viabilidad fiscal y política será objeto de intenso debate en el Congreso durante las próximas semanas.
