El partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, presentó una acción de tutela ante un juez del circuito de Bogotá para suspender los efectos del decreto de emergencia económica, social y ecológica expedido por el presidente Gustavo Petro, que tiene una duración de 30 días. La demanda fue impulsada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, junto con Gabriel Jaime Vallejo, director del partido, y se dirige contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y la DIAN, solicitando una suspensión inmediata de sus efectos hasta que la Corte Constitucional realice el control correspondiente. Esta tutela se radicó recientemente, en un contexto marcado por el archivo de la reforma tributaria del Gobierno por parte del Congreso el pasado 9 de diciembre de 2025.
Los demandantes argumentan que la vacancia judicial en la Corte Constitucional genera un vacío de control inmediato, lo que permitiría al Ejecutivo usar de manera estratégica el poder de excepción para eludir los controles del Estado constitucional de derecho, ya que los hechos invocados no son nuevos ni imprevisibles. El decreto habilita al Gobierno a expedir decretos con fuerza de ley, incluyendo medidas tributarias, desplazando así la competencia del Congreso, en medio de un déficit fiscal de 16,3 billones de pesos. Además, autoriza impuestos especiales por hasta 41.000 millones de dólares, equivalentes a 155.000 millones de pesos. La tutela también pide una orden al Ministerio de Hacienda y a la DIAN para que se abstengan de imponer o recaudar nuevos tributos derivados de esta norma.
Argumentos y riesgos planteados por Centro Democrático
En el documento de la tutela, se advierte que permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial implicaría vaciar de contenido la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales y tolerar una utilización estratégica del poder de excepción para eludir los controles propios del Estado constitucional de derecho. Por su parte, en un comunicado del partido, se enfatiza que permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cabe destacar que el control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional está pendiente, aunque actualmente enfrenta vacancia judicial.
“implicaría vaciar de contenido la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales, y tolerar una utilización estratégica del poder de excepción para eludir los controles propios del Estado constitucional de derecho”
Documento de la tutela, Centro Democrático
Otras acciones judiciales en curso
Esta iniciativa se suma a otras acciones presentadas por las senadoras Angélica Lozano y Cathy Juvinao, del Partido Verde, directamente ante la Corte Constitucional, en un momento de tensión política por las medidas fiscales del Gobierno tras el rechazo de su reforma tributaria. La decisión del juez del circuito de Bogotá podría tener implicaciones inmediatas en la implementación del decreto, mientras el país enfrenta desafíos económicos urgentes.
“permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos”
Comunicado del Centro Democrático
Desde La Veintitrés Manizales, seguiremos de cerca el desarrollo de esta tutela y sus posibles impactos en la agenda económica del país.
