El partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, presentó una acción de tutela ante un juez del circuito de Bogotá para suspender los efectos del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro durante 30 días. La demanda, impulsada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, así como por Gabriel Jaime Vallejo, director del partido, va dirigida contra la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y la DIAN, solicitando la suspensión inmediata de sus efectos hasta que la Corte Constitucional realice el control de constitucionalidad correspondiente. Esta iniciativa se radicó recientemente, en un contexto marcado por el archivo de la reforma tributaria del Gobierno por parte del Congreso el pasado 9 de diciembre de 2025.
La tutela argumenta que el decreto genera una vacancia judicial que deja un vacío de control, ya que no se basó en hechos nuevos ni imprevisibles, sino en un uso estratégico del poder de excepción para eludir los controles constitucionales propios del Estado de derecho. Entre las medidas pedidas, se exige una orden al Ministerio de Hacienda y a la DIAN para que se abstengan de imponer o recaudar nuevos tributos derivados del decreto, el cual habilita al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley, incluidos los tributarios, desplazando temporalmente al Congreso. El Gobierno justifica esta emergencia por la crisis fiscal, con un déficit presupuestal de 16,3 billones de pesos, rigidez en el gasto y baja recaudación tributaria, autorizando impuestos especiales por hasta 41.000 millones de dólares, equivalentes a 155.000 millones de pesos.
Argumentos y riesgos señalados por el Centro Democrático
En el documento de la tutela, el Centro Democrático advierte que permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial implicaría vaciar de contenido la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales y tolerar una utilización estratégica del poder de excepción para eludir los controles constitucionales. Además, en un comunicado, el partido enfatiza que esta situación constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta acción se suma a otras presentadas por las senadoras Angélica Lozano y Cathy Juvinao, del Partido Verde, directamente ante la Corte Constitucional, en medio de la tensión política por las finanzas públicas del país.
“implicaría vaciar de contenido la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales, y tolerar una utilización estratégica del poder de excepción para eludir los controles propios del Estado constitucional de derecho”
Documento de la tutela, Centro Democrático
“permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos”
Comunicado del Centro Democrático
La decisión del juez del circuito de Bogotá podría marcar un precedente clave en la disputa entre el Ejecutivo y la oposición por el manejo de la emergencia económica, en un momento en que el déficit fiscal presiona las cuentas nacionales y el Congreso busca recuperar su rol legislativo en materia tributaria.
