Cerca de 20 gobernadores de departamentos colombianos, entre ellos Andrés Julián Rendón de Antioquia, Adriana Magali Matiz del Tolima, y sus homólogos de Atlántico, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés y Providencia, Caquetá, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, anunciaron que se abstendrán de aplicar las disposiciones tributarias del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional. Tras la publicación de esta norma, los mandatarios territoriales invocarán la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la Constitución Política, argumentando un conflicto directo con la Carta Magna que afecta las competencias departamentales, los ingresos propios y la prestación de servicios esenciales como salud, educación y deporte.
El decreto incluye medidas como el incremento del impuesto al consumo y el alza del IVA sobre licores del 5% al 19%, lo que representa un riesgo grave para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales, ya que el 47% de sus ingresos tributarios provienen precisamente de la comercialización de estas bebidas. Los gobernadores solicitaron pronunciamientos ante la Corte Constitucional, recurriendo al control de constitucionalidad difuso que permite a las autoridades inaplicar una norma en casos concretos cuando esta resulta incompatible con la Constitución, reproduce disposiciones declaradas inexequibles o genera efectos contrarios a derechos fundamentales, tal como lo estableció la Sentencia T-681 de 2016 de la Corte.
Gobernadores defienden autonomía territorial
Esta excepción de inconstitucionalidad, que puede ejercerse de oficio o a solicitud de parte, se presenta como un mecanismo extremo pero legítimo para evitar el caos en el ejercicio del poder público. Las medidas del decreto afectan sustancialmente los ingresos derivados de licores, fuente vital para los departamentos, y ponen en jaque la capacidad de cumplir con obligaciones esenciales en medio de la crisis económica.
«vemos que es un instrumento y una herramienta jurídica que tenemos para no aplicar esa norma»
Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima
«Aquí hay que recordar que el 47% de los ingresos tributarios de los departamentos los constituyen precisamente los licores»
Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima
La gobernadora del Tolima enfatizó la determinación de los mandatarios al afirmar: “Nosotros estamos dando aplicación a las herramientas jurídicas que tenemos en estos momentos y por eso vamos a acudir ante la justicia para que sean, obviamente, los órganos competentes los que nos den la razón en ese sentido”. Por su parte, el abogado Jaime Santofimio subrayó la seriedad de esta acción al declarar que “la Constitución Política no instituyó el caos como principio de control al ejercicio del poder” y que “la excepción de inconstitucionalidad es, como cualquier otra excepción en derecho, un mecanismo extremo que se ejerce en los términos de la misma Constitución con sumisión y absoluto respeto a las competencias de los jueces y tribunales de la República”. Esta postura colectiva de los gobernadores marca un frente unido en defensa de la autonomía territorial frente a las decisiones del Ejecutivo nacional.
