Carlos José Robayo Escobar, conocido en el mundo criminal como alias Guacamayo y señalado como jefe de la organización narcotraficante ‘la Gran Alianza’, logró ser trasladado desde la cárcel de Valledupar al Resguardo Indígena Yu Cehk del pueblo Nasa, en la zona del Alto Naya, para cumplir allí su condena en prisión domiciliaria. El beneficio fue posible gracias a un certificado emitido en mayo de 2026 por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, que lo acredita como miembro activo de esa comunidad. El documento, válido ante entidades públicas, permitió su paso a la jurisdicción especial indígena, un mecanismo constitucional que habilita a personas indígenas a purgar sus penas en sus territorios, pero que en este caso ha reavivado las alertas sobre un posible uso fraudulento.
Alias Guacamayo, de 51 años, fue un cercano colaborador de Diego Montoya, alias Don Diego, líder del cartel del norte del Valle. Extraditado a Estados Unidos, cumplió siete años de condena y regresó a Colombia en 2013, donde fue detenido por homicidio. Logró salir en libertad en 2018. Para evadir a las autoridades, se sometió a más de diez cirugías estéticas y perdió 30 kilos, cambiando por completo su apariencia; sin embargo, fue identificado por un tatuaje de guacamaya en el brazo izquierdo que conservó pese a las intervenciones. Enfrentaba cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y tráfico de armas, y era investigado también por el asesinato del intendente Hernando Zuluaga Lurduy en 2019 y por la muerte de tres hermanos hallados en una fosa común en Zarzal, Valle del Cauca. La Fiscalía lo califica como persona de alta peligrosidad.
Un certificado que abre puertas bajo sospecha
El certificado indígena fue expedido por el Ministerio del Interior, que lo registró como miembro activo de la comunidad Yu Cehk. Aunque la verificación de pertenencia corresponde a los cabildos y autoridades judiciales, el procedimiento se habría prestado a maniobras irregulares. El caso de Robayo Escobar se suma a otros documentados, como el de Juan Carlos Vacca Castillo, jefe de la banda ‘Los de Dimax’, que habría obtenido beneficios carcelarios mediante certificaciones similares. En departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Huila y Cauca se han registrado casos análogos. Si bien no existen pruebas directas ni investigaciones penales concluidas, circulan sospechas de pagos para facilitar estos traslados, según recoge el artículo de Infobae Colombia sustentado en documentos oficiales y testimonios reservados.
“Dentro de la investigación, muy coordinada con la Fiscalía, empezamos a desarrollar patrones y perfiles de comportamiento, verificamos antecedentes y realizamos varias entrevistas que nos fueron dando luces sobre quién o quiénes estarían detrás de los homicidios”.
Investigadora, citada por El Tiempo en 2020.
La denuncia sobre el certificado indígena emitido en mayo de 2026 y el posterior traslado a prisión domiciliaria ha reavivado el debate sobre los resquicios legales que permiten a condenados de alto perfil evadir la cárcel tradicional. Mientras la Fiscalía no ha anunciado una investigación formal sobre este caso en particular, el hecho ya es noticia nacional y genera interrogantes sobre la rigurosidad en la verificación de la pertenencia étnica. Alias Guacamayo, que había logrado ocultar su identidad tras las cirugías, ahora cumple su pena en un resguardo indígena, mientras las autoridades judiciales enfrentan el desafío de garantizar que estos mecanismos constitucionales no se conviertan en una puerta de salida para la delincuencia organizada.
