Percy Oyola, delegado de la Confederación General del Trabajo (CGT), pidió al Gobierno de Gustavo Petro que revise los rubros indexados al salario mínimo para 2026, incluyendo multas, tarifas, arriendos y servicios públicos, con el fin de prevenir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores tras la sesión de la mesa de concertación salarial celebrada el 9 de diciembre en Colombia. Esta solicitud surge en medio de la discusión por el ajuste salarial, donde Oyola enfatizó la necesidad de una norma gubernamental que permita examinar estas indexaciones, tal como se ha hecho en ocasiones anteriores, para que los incrementos salariales no se vean neutralizados por el encarecimiento automático de bienes y servicios esenciales.
La reunión del 9 de diciembre, que se extendió por seis horas, contó con la participación de figuras clave como Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, y Camilo Sánchez, presidente de Andesco. Indicios de esta preocupación ya se habían manifestado el 2 de diciembre, destacando la vinculación de entre 60 y 70 bienes, servicios y tarifas al salario mínimo, según estimaciones del Banco de Occidente, mientras que alrededor de 50 tarifas públicas presentan una indexación explícita, de acuerdo con la Universidad de América. Entre los ejemplos concretos están las multas de tránsito para 2025, donde la tipo A alcanza los 161.035 pesos y la tipo D los 1.207.877 pesos, lo que ilustra cómo estos ajustes se trasladan directamente a los bolsillos de los ciudadanos.
Indexación y sus efectos en la economía cotidiana
La indexación implica que valores de multas, tarifas y servicios se ajustan de manera automática y a veces en «espejo» al salario mínimo, sin necesidad de reglamentación explícita en todos los casos, lo que genera un impacto inflacionario que contrarresta los beneficios del aumento salarial. Percy Oyola argumentó en la mesa de concertación que esta dinámica erosiona el poder adquisitivo, solicitando una revisión integral para desindexar estos ítems y proteger a los trabajadores.
“Hay una serie de tarifas, multas, varios ítems que están indexados y que en la medida que queremos proteger el poder adquisitivo del salario que se acuerde, entonces pedimos revisar, como se ha hecho en otras oportunidades, esos aspectos que están indexados”
Percy Oyola, delegado de la CGT
Por su parte, el ministro Antonio Sanguino expresó preocupación por el impacto en sectores vitales como la vivienda de interés social y prioritaria, subrayando que no debería ser un asunto tan crucial para los colombianos afectado por estas dinámicas salariales. En el primer semestre de 2025, se construyeron 34.416 viviendas de interés social, según la Secretaría de Hábitat, lo que resalta la relevancia de estos subsidios para los vulnerables.
“nos parece que ese impacto del salario mínimo no debería un asunto tan vital para los colombianos y colombianas, como es el de la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritaria”
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Controversia por la desindexación propuesta
El Gobierno evalúa la desindexación de la vivienda de interés social y prioritaria para mitigar presiones inflacionarias, una medida que se inició en 2023 con algunos productos y que se mantiene sin cambios para 2025 conforme al Conpes 4108 de 2022. Sin embargo, esta iniciativa genera controversia, ya que podría afectar subsidios y el acceso a la vivienda para los más vulnerables. Camilo Sánchez, de Andesco, criticó duramente cualquier intento de recortar estos incrementos, calificándolo de ilegal y comparándolo con maniobras para alterar lo necesario por conveniencia sectorial.
“Ahora nos quieren decir que no hace parte del incremento salarial, pero, pues eso no tiene presentación. Simplemente, es ilegal. Como dijeron antes: le quitamos la i para que sea legal. Aquí estamos tratando de hacer lo mismo. Vamos a quitar un pedazo de lo que es verdaderamente necesario, simplemente, por quedar mejor con algún sistema o algún sector”
Camilo Sánchez, presidente de Andesco
La desindexación busca desvincular explícitamente el salario mínimo de estos cálculos para estabilizar precios, pero el debate en la mesa de concertación subraya la tensión entre proteger el salario real y mantener la sostenibilidad de servicios públicos y vivienda accesible, en un contexto donde fuentes como Colprensa, el Ministerio del Trabajo y la Secretaría de Hábitat aportan datos clave sobre multas, reuniones y construcciones habitacionales.
