Chats filtrados del jefe de las disidencias de las FARC, alias Calarcá, han revelado órdenes directas de asesinato contra excombatientes, reclutamiento de menores de edad y una agresiva expansión armada ocurrida precisamente durante el cese al fuego decretado en el marco de la Paz Total. Entre los casos más graves destaca el homicidio de Juan Gabriel Hurtado Bentancourt, un excombatiente asesinado el 6 de enero de 2024 en La Macarena, Meta, tras recibir instrucciones explícitas en mensajes extraídos de los computadores del cabecilla. Estos documentos también exponen el reclutamiento de una niña de 14 años reportado el 8 de marzo de 2024, así como la compra de armamento pesado y la consolidación de presencia en 110 municipios a nivel nacional.
Los mensajes interceptados muestran cómo alias Calarcá coordinaba con otros mandos, como alias “El Mueco” y Richard Catatumbo, la adquisición de 14 rifles Dragunov, 50 granadas para fusil y tres fusiles Tavor, al tiempo que ordenaba ejecuciones de quienes eran percibidos como traidores. Las imágenes almacenadas en sus dispositivos son estremecedoras: fotografías de víctimas atadas, golpeadas y ejecutadas, incluyendo antes y después del asesinato de Hurtado. Esta actividad se dio en un contexto de reducción de la presión estatal por el cese bilateral, permitiendo que el Estado Mayor Central creciera de 66 municipios y 1.400 combatientes en 2022 a 110 municipios y 2.800 en 2025. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, se registran 482 asesinatos, un secuestro y 54 desapariciones de firmantes, cifras que subrayan el deterioro en la implementación del pacto.
Expansión durante las negociaciones de Paz Total
Los chats fueron obtenidos durante las negociaciones de Paz Total con las disidencias, proceso en el que Calarcá fue reconocido como negociador y se le levantaron temporalmente las órdenes de captura. Sin embargo, una caravana de disidencias detenida reveló la presencia de armas, dinero e incluso un menor de edad, pese a la escolta proporcionada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que genera interrogantes sobre la evaluación gubernamental de estos riesgos. Noticias Caracol dio a conocer estos documentos digitales intervenidos, evidenciando violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) durante el cese al fuego.
Reacciones de organizaciones y autoridades
“En Colombia se asesina a los firmantes de paz como animales y nadie responde por este genocidio. El Gobierno nacional se hace el de la vista gorda”
Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz
“el asesinato de civiles y excombatientes durante la negociación constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y atenta contra los derechos humanos”
Kayle Johnson, director de investigaciones de la fundación CORE
“la suspensión de órdenes de captura no necesariamente se están utilizando por parte del grupo únicamente para acudir al proceso y adelantar las conversaciones… En la caravana, iban personas que no tenían suspendida la orden de captura e iban amparadas y escoltadas por la UNP. Había armas, dinero e iba un menor de edad. La duda ahí es cómo se evaluó esta situación por parte del Gobierno”
Iris Marín, Defensora del Pueblo
“en cambio sí tenemos evidencia de que las disidencias de la línea de Calarcá continuaron reclutando. La Defensoría ha constatado casos específicos y graves que comprometen la responsabilidad de estas disidencias”
Iris Marín, Defensora del Pueblo
“Este aumento se debe en parte al proceso de negociación y al aprovechamiento de los ceses bilaterales, además del auge de economías ilícitas”
Kayle Johnson, director de investigaciones de la fundación CORE
“colabore en transformar las zonas de hoja de coca en selva original y el no reclutamiento de niños y el respeto a la libertad de decisión de las comunidades donde se asienta”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“Un miembro representante de un grupo armado ilegal tiene el compromiso de estar aportando en la mesa para llegar a un acuerdo de paz, si hace lo contrario estaría incumpliéndole al proceso, al gobierno y por supuesto al país”
María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz
Estas revelaciones, respaldadas por fuentes como la Fundación CORE, la Defensoría del Pueblo y la Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz, cuestionan la efectividad de los ceses al fuego y urgen una mayor vigilancia en las negociaciones, en un momento en que el país busca consolidar la paz tras años de incumplimientos y violencia persistente contra los excombatientes.
