El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, desestimó el recurso final presentado por Colombia y confirmó la obligación del Estado de pagar de inmediato 380 millones de dólares a Telefónica, la compañía española que anteriormente operaba como BellSouth en el país. Esta decisión del comité ad hoc del Ciadi rechazó la solicitud de suspensión provisional del laudo arbitral, argumentando que el gobierno colombiano no entregó la garantía bancaria requerida en un plazo de 30 días por falta de disponibilidad presupuestaria. El litigio, iniciado en 2013 y que se extiende por más de una década, se originó en la reversión de activos de Telefónica y la finalización unilateral de contratos de 1990 sin compensación adecuada, lo que el tribunal consideró una violación al trato justo y equitativo prometido a los inversionistas extranjeros.
El monto ordenado asciende a 379,8 millones de dólares, equivalentes a unos 1,3 billones de pesos colombianos, tras una reclamación inicial de Telefónica por 689 millones de dólares en 2024. Este pago se refiere específicamente al 32,49 por ciento de participación estatal en Coltel, compuesto por 1.108 millones de acciones valoradas en un precio mínimo de 772.388 pesos por acción, lo que suma un paquete de 856.003 millones de pesos. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado representó al gobierno en este proceso internacional, pero no logró revertir el fallo definitivo, que obliga al desembolso pese a un recurso de anulación aún pendiente.
Antecedentes del conflicto en telecomunicaciones
El origen del disputa remonta a los contratos firmados en 1994 con BellSouth durante la transición de las telecomunicaciones públicas a privadas en Colombia. La liquidación de Telecom en 2003 dio paso a la creación de Coltel, donde Telefónica asumió como socio privado desde 2006 bajo la marca Movistar. Telefónica identificó la cláusula 33 de estos acuerdos como la principal causa de daño económico, al interpretarla el Estado como base para reclamar la devolución de bienes sin indemnización. En paralelo, Millicom adquirió el 67,5 por ciento de Coltel por 214,4 millones de dólares y tomó el control de Tigo-UNE por 571 millones de dólares, integrando así operaciones clave en el mercado móvil colombiano, donde Tigo y Movistar representan el 43 por ciento del mercado frente al 44 por ciento de Claro, con más de 100 millones de líneas activas proyectadas a principios de 2026.
“Movistar tenía el deber de devolver a la Nación los bienes utilizados para su operación en el país”
Justicia local, desde 2013
Impacto fiscal y desinversión de Telefónica
Este fallo representa una de las mayores condenas en la historia de las telecomunicaciones colombianas, planteando un reto fiscal significativo para el gobierno en medio de presiones presupuestarias. Telefónica, que ya anunció la venta de su participación en Coltel para abril de 2026, acelera su salida del país como parte de una estrategia global de desinversión en América Latina iniciada en 2019, con ventas de activos en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, además de reducciones en México, para enfocarse en Europa y Brasil. La confirmación del pago inmediato por el Ciadi marca el fin de una era para la presencia de la multinacional española en Colombia, dejando un precedente en arbitrajes internacionales sobre inversiones en sectores estratégicos.
