La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) activó una revisión urgente a raíz de la denuncia presentada por el teniente coronel Jorge Alexander Mora Cortés, exjefe de la Unidad de Investigación Anticorrupción de la Policía Nacional, quien solicitó medidas cautelares ante el temor por su vida y la de su familia. El oficial, que se encuentra en Estados Unidos, enfrenta un decreto presidencial firmado por Gustavo Petro, el número 0068 de 2026, que ordena su regreso inmediato a Colombia sin garantías de seguridad, tras la terminación de su esquema de protección en noviembre de 2025. Su abogado defensor, Andrés Guzmán Caballero, acompañó la solicitud durante una audiencia excepcional reciente ante la CIDH.
El decreto pone fin a la comisión diplomática y académica del teniente coronel en territorio estadounidense, eliminando medidas de protección como vehículo blindado, escoltas, chaleco antibalas y vivienda fiscal. Mora Cortés lideró durante cinco años investigaciones sobre desvíos multimillonarios en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y casos contra funcionarios de alto nivel, así como contra estructuras criminales, lo que ha generado amenazas persistentes de personas prófugas de la justicia. Esta situación se enmarca en una purga sistemática en la Policía Nacional desde 2022, con más de 200 oficiales retirados o trasladados.
Amenazas persistentes y ausencia de garantías
Los tres órganos de control del Estado, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han reconocido que el riesgo para Mora Cortés es real, grave, subsistente y requiere actuación inmediata, solicitando incluso su inclusión en el Programa de Protección a Testigos y Víctimas. Sin embargo, el oficial denuncia que no ha recibido respuesta alguna en materia de seguridad, con las entidades estatales evadiendo la responsabilidad mientras exigen su retorno en 24 horas sin protecciones concretas. Su familia, radicada en Estados Unidos —donde su esposa dejó su trabajo y su hija estudia, junto a un menor de edad—, agrava la preocupación por la falta de medidas.
«Tengo miedo porque Colombia es un país bastante complejo, y este tipo de investigaciones toca fibras sensibles; hay personas hoy prófugas de la justicia. Mi seguridad y la de mi familia tienen que ser extremadamente custodiadas».
Jorge Alexander Mora Cortés, teniente coronel
La voz del oficial y su defensa
El teniente coronel ha enfatizado que la dejación del cargo no elimina las amenazas, sino que las incrementa al perder la protección institucional, y ha interpuesto un recurso de reposición ante la Presidencia para revocar el decreto o definir garantías reales. «No he recibido respuesta alguna en materia de seguridad… Todas las entidades del Estado se rotan esta responsabilidad y nadie define nada, pero pretenden que en veinticuatro horas regrese sin que existan garantías», expresó. Su abogado, Andrés Guzmán Caballero, subrayó que «la dejación del cargo no elimina la amenaza; por el contrario, la incrementa al perder la protección institucional».
«Los tres órganos de control reconocen, cada uno desde su competencia, que el riesgo es real, grave, subsistente y requiere actuación inmediata».
Solicitud ante la CIDH (defensa)
«A mí no me interesa discutir si me devuelven o no, sino que existan garantías reales, no documentos de papel».
Jorge Alexander Mora Cortés, teniente coronel
Este caso pone en evidencia las tensiones entre la lucha anticorrupción y la protección de sus protagonistas en Colombia, donde las investigaciones de alto perfil continúan exponiendo vulnerabilidades en el esquema de seguridad estatal, mientras la CIDH evalúa si adopta medidas cautelares para salvaguardar la integridad del oficial y su familia ante un retorno forzado sin resguardos.
