La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, exigió al Estado colombiano que el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido el 6 de junio de 2026 en Cúcuta, no quede impune y que se investigue como posible móvil su labor periodística. Herrera, quien se desempeñaba como periodista judicial, asesor de comunicaciones en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta y miembro del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, fue atacado con arma de fuego cuando descendía de un vehículo junto a su familia en el barrio Quinta Oriental. Tras ser trasladado a un centro médico, falleció a causa de las heridas.
La CIDH señaló que Herrera investigó casos de corrupción y seguridad ciudadana por más de veinte años, y que había recibido amenazas previas entre 2023 y 2025, además de haber sobrevivido a un atentado en 2017 que lo obligó a salir temporalmente del país. Pese a contar con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección desde 2014, el día del ataque viajaba sin la escolta asignada, lo que, según la UNP, facilitó el crimen. La Relatoría advirtió que el caso refleja patrones de impunidad, fallas en los mecanismos de protección y estigmatización contra periodistas en Colombia. Hasta el 9 de junio, tres personas habían sido capturadas –el presunto autor material y dos posibles cómplices– y las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta cien millones de pesos por información que permita esclarecer el homicidio.
Condena internacional y contexto de violencia contra la prensa
El organismo interamericano llamó al Estado a cumplir sus “obligaciones internacionales de prevención, protección y procuración de justicia frente a la violencia contra la prensa, en un contexto cada vez más adverso para el ejercicio periodístico”. En ese sentido, recomendó a los funcionarios públicos “abstenerse de emitir discursos que propicien, estimulen, favorezcan o profundicen el riesgo o vulnerabilidad inherente a la profesión periodística”. La CIDH también subrayó que Herrera había denunciado amenazas ante la Fiscalía entre 2023 y 2025, pero no se abrieron investigaciones, lo que evidencia vacíos en la protección a comunicadores.
«Considerar como posible móvil del crimen la labor periodística de Herrera y las amenazas previas»
CIDH/Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Este homicidio es el segundo de un periodista en Colombia durante 2026, luego del asesinato de Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, en mayo. Organizaciones como la FLIP y la Defensoría del Pueblo condenaron el ataque y exigieron garantías para el ejercicio periodístico. Herrera, además de cubrir temas judiciales, informaba sobre agresiones a la prensa y participaba activamente en la defensa de la libertad de expresión en la región. La CIDH advierte que el crimen ocurre en un contexto de hostilidad verbal desde cargos públicos, lo que eleva el peligro para los comunicadores y profundiza la crisis de seguridad que enfrenta el gremio en el país.
