La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) emitió una orden de suspensión inmediata de actividades para 33 establecimientos ubicados en el Sendero de Monserrate, en los Cerros Orientales de Bogotá, tras identificar presuntas ocupaciones, construcciones e intervenciones físicas sin la autorización correspondiente. La medida preventiva fue el resultado de una inspección conjunta realizada con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que detectó irregularidades en una de las zonas de mayor valor ambiental de la capital.
La decisión de la CAR se enmarca en la apertura de una indagación preliminar que busca determinar si las ocupaciones generaron impactos ambientales o incumplieron la normativa vigente. El Sendero de Monserrate, reconocido como uno de los corredores ecológicos más importantes de Bogotá, está sujeto a estrictas normas de conservación que exigen permisos especiales para cualquier tipo de intervención física. La suspensión, de carácter preventivo y no como una sanción definitiva, permanecerá vigente mientras avanzan las actuaciones administrativas y se realiza la evaluación técnica y jurídica de cada caso.
Investigación en curso y medidas paralelas
La CAR verificará si los 33 establecimientos cuentan con los permisos requeridos y si las construcciones respetan las disposiciones ambientales establecidas por la legislación. Por su parte, el IDRD aclaró que el acceso y la operación del sendero peatonal continúan con normalidad, y que sus competencias se limitan al manejo de esta infraestructura. La entidad distrital continuará con labores de limpieza, mantenimiento, recuperación y conservación de la infraestructura peatonal bajo su administración, mientras se espera la conclusión de la investigación.
Durante los últimos meses, el Distrito ha fortalecido las acciones de vigilancia y protección en los Cerros Orientales, en un esfuerzo por frenar intervenciones no autorizadas en este ecosistema estratégico. La suspensión de actividades busca precisamente evitar nuevas intervenciones mientras la CAR concluye su evaluación técnica y jurídica, en un proceso que podría derivar en sanciones más severas si se confirman las afectaciones ambientales.
