Cinco ciudadanos colombianos, entre un total de once demandantes individuales, presentaron una demanda colectiva contra el secretario de Estado Marco Rubio y el Departamento de Estado de Estados Unidos. La acción legal impugna la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida anunciada el 21 de enero de 2026 por la administración Trump y que dejó en pausa trámites legales ya avanzados. La demanda, identificada como CLINIC v. Rubio, fue radicada en febrero de 2026 ante una corte federal en Nueva York y podría definir los límites del poder ejecutivo para restringir la inmigración legal sin aprobación del Congreso.
Entre los demandantes colombianos se encuentran profesionales altamente calificados cuyos procesos migratorios fueron detenidos sin evaluación individual. Fernando Lizcano Losada, endocrinólogo y expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, había obtenido la aprobación de su visa EB-1A en enero de 2025 y su entrevista consular estaba programada para el 22 de enero de 2026, un día después del anuncio de la suspensión. Lizcano, quien fue investigador posdoctoral en Harvard y fundó un centro de investigación en la Universidad de La Sabana, planeaba continuar sus investigaciones sobre enfermedades metabólicas y cáncer en la prestigiosa universidad estadounidense. Juan David Buitrago Cagua, ingeniero en sistemas solares y almacenamiento de energía residente en Lisboa, Portugal, había recibido aprobación EB-2 en febrero de 2024 y su entrevista en Bogotá quedó cancelada. Mayra Alejandra Alcendra Moscote, profesional en finanzas con experiencia en los sectores minero, petrolero y energético, residente en España, había sido aprobada en noviembre de 2023, pero tras retrasos por documentación médica de su hija, la embajada le informó de la suspensión. Andrés Alfonso Medina Ramírez, arquitecto especializado en gestión pública e infraestructura, quien presentó una iniciativa de viviendas sostenibles para comunidades vulnerables, había obtenido su aprobación en abril de 2025.
Los argumentos legales en disputa
Los demandantes, representados por seis organizaciones entre las que se incluyen el National Immigration Law Center (NILC), CHIRLA, el Justice Action Center, LatinoJustice PRLDEF, UndocuBlack Network y la clínica jurídica de inmigración de la Universidad de Yale, sostienen que la suspensión viola la ley al frenar procesos migratorios sin una evaluación individual y basándose exclusivamente en la nacionalidad. La administración Trump justifica la medida como una pausa temporal para revisar procedimientos de verificación y evitar que los inmigrantes se conviertan en una «carga pública». En una comunicación oficial, el Departamento de Estado afirmó que los inmigrantes «a menudo se convierten en cargas públicas», un argumento que los demandantes calificaron de «infundado y demostrablemente falso» en su querella. La política, que podría afectar cerca de la mitad de la inmigración legal hacia Estados Unidos, revive prácticas de cuotas por origen nacional, reemplazando el examen individual con una prohibición general, según los abogados de los demandantes.
El impacto de la medida
Hasta el momento no hay una decisión definitiva sobre el caso, que se perfila como una prueba clave para determinar si el gobierno estadounidense puede imponer restricciones migratorias basadas en la nacionalidad sin la aprobación del Congreso. La demanda colectiva, presentada por once demandantes individuales de los cuales casi la mitad son colombianos, busca frenar una política que ha dejado en vilo a miles de personas con procesos migratorios avanzados, incluyendo a profesionales que ya habían sido aprobados en categorías como EB-1A y EB-2 por interés nacional. La resolución de este litigio podría sentar un precedente crucial para futuras políticas migratorias en Estados Unidos.
