En un fallo que marca un hito en la lucha contra la impunidad dentro de las fuerzas militares, un juez de Frontino, Antioquia, condenó a 20 años y 2 meses de prisión a cinco miembros del Ejército Nacional que aceptaron, mediante preacuerdo, su responsabilidad en la tortura, homicidio y desaparición forzada agravadas de un campesino de 27 años con discapacidad cognitiva. Los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 2025 en la base militar de ese municipio. Los condenados son el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la víctima fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Allí fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol durante aproximadamente cinco horas, tiempo en el que sufrió asfixia y sofocación. El campesino murió en un baño de la base. Posteriormente, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después, las autoridades recuperaron el cadáver y lo remitieron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que la muerte fue consecuencia directa de los actos de tortura.
Preacuerdo judicial y condena
Las pruebas presentadas por la Fiscalía llevaron a los cinco uniformados a aceptar su responsabilidad mediante un preacuerdo, el cual fue avalado por el juez de conocimiento. La condena de 20 años y 2 meses de prisión cubre los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todos en su modalidad agravada. La Fiscalía destacó que la negociación judicial permitió obtener una condena firme sin necesidad de un juicio oral prolongado, garantizando justicia para la víctima y su familia.
“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, la víctima, de 27 años y con discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Allí fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol”.
Fiscalía General de la Nación
“La investigación demostró que el campesino murió en un baño de la base militar. Posteriormente, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después fue recuperado por las autoridades y remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que la muerte fue consecuencia de los actos de tortura”.
Fiscalía General de la Nación
Este no es el único procesamiento derivado de estos hechos. Previamente, el teniente Leider Ortiz Ortiz, comandante de la base militar, fue condenado también mediante preacuerdo a 20 años y 3 meses de prisión por los mismos delitos. En el proceso también fueron acusados el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, quienes permanecen privados de la libertad a la espera de que se defina su situación judicial. En total, nueve militares están vinculados al caso: cinco condenados ahora, un teniente condenado previamente y tres aún bajo proceso.
El fallo representa un paso significativo en la judicialización de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública en el marco del conflicto armado interno, y envía un mensaje claro sobre la responsabilidad penal individual, incluso cuando se actúa bajo órdenes militares. La comunidad de Frontino y las organizaciones de derechos humanos esperan que los procesos contra los demás implicados avancen con la misma celeridad y contundencia.
