La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas por facilitar el transporte marítimo de migrantes extranjeros desaparecidos tras zarpar de San Andrés Islas rumbo a Centroamérica, vinculándolos a dos embarcaciones. Los imputados son Rick Allen Bent Duffis; Arnold Sebastián Bernard Valencia; Steve Stenley Walters Reales; Esteban Muñoz Reeves y Jayson Faiquare Hawkins, quienes enfrentan cinco imputaciones por tráfico de migrantes agravado; Bent Duffis también figura por homicidio culposo en relación con los hechos del naufragio.
Las investigaciones señalan que los sospechosos gestionaron cupos y la salida de extranjeros, coordinando con múltiples agencias para facilitar la operación. El caso más visible corresponde al episodio ocurrido el 21 de octubre de 2023, cuando 40 personas viajaban a bordo de la lancha IAS II, entre ellas 2 personas de nacionalidad china, 38 venezolanos y 12 menores, acompañados por 2 tripulantes. Un segundo episodio, entre el 27 de junio y el 8 de julio de 2024, involucró a 18 migrantes de diversas naciones —Kazajistán, Venezuela, Colombia, Irán y Chile— y dos tripulantes; en ese tramo hubo 2 fallecidos, 3 desaparecidos y 15 rescatados, entre los que se contaban 5 menores. La ruta de ambas operaciones partía desde San Andrés hacia Centroamérica, con el segundo evento desarrollado en altamar.
Contexto y alcance de la red de tráfico de migrantes
En paralelo a este proceso, las autoridades señalan el desmantelamiento de otra red dedicada al transporte irregular de migrantes en Colombia, que dejó cinco detenidos: Alejandra García Arboleda, José Alonso Jaramillo Estrella, Hernando Muñoz Patiño, Jorge Eliecer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón. Estos individuos enfrentan cargos por tráfico de migrantes y serán procesados en Medellín; ninguno admitió responsabilidad y todos permanecerán en centro carcelario durante el juicio. La operación, posible gracias a cooperación entre agencias como ICE y Homeland Security Investigations, habría facilitado el tránsito de al menos 114 migrantes provenientes de Asia, África y el Caribe, que ingresaban por Brasil y eran trasladados en su mayor parte a Urabá a bordo de autobuses. En las investigaciones, Jorge Eliecer Álvarez y Héctor Fabio Chalarca Castrillón coordinaban la obtención de vehículos y rutas; Muñoz Patiño y Jaramillo Estrella eran conductores, y Alejandra García Arboleda gestionaba logística para restringir el contacto con terceros. Los operativos se llevaron a cabo en Medellín, Cali y Palmira, y los procesos judiciales continúan para definir el alcance total de la red.
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En términos de impacto, las autoridades señalan que los implicados deben permanecer bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial, y que la cooperación internacional continúa para esclarecer el alcance de las redes de tráfico de migrantes y las conexiones entre los casos de San Andrés y las operaciones en tierra firme y mar adentro.
