Cinco uniformados de la Armada Nacional resultaron heridos la mañana del pasado 7 de junio en un ataque perpetrado con explosivos lanzados desde drones en el corregimiento de Belén de Docampadó, zona rural del municipio de Bajo Baudó, en el departamento del Chocó. El ataque, atribuido a presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se produjo mientras los soldados del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 22 adelantaban operaciones militares en la región.
Los heridos recibieron atención médica primaria en el sitio del ataque y posteriormente fueron trasladados en una aeronave del Grupo Aeronaval del Pacífico hasta un hospital de alta complejidad en el Distrito Especial de Buenaventura, donde permanecen bajo observación. Este ataque se suma a una creciente escalada de violencia en el Chocó y en Norte de Santander, donde desde enero de 2025 se disputan el control territorial el ELN y las disidencias de las Farc, y que ha incluido en los últimos meses el uso cada vez más frecuente de drones modificados como plataformas para lanzar explosivos contra la Fuerza Pública y la población civil.
Rechazo institucional al uso de drones con explosivos
La Armada Nacional rechazó de forma categórica el ataque terrorista y anunció que interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. “La Armada Nacional rechaza categóricamente este ataque terrorista que viola flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, por lo que interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente”, indicó la institución en un comunicado oficial. Por su parte, el Ejército Nacional también emitió un pronunciamiento similar, manifestando su repudio a esta práctica que ha cobrado víctimas en otros puntos del país. En su comunicado, el Ejército señaló que rechaza “categóricamente el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de los grupos armados organizados, práctica terrorista que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo no solo a la fuerza pública, sino también a las comunidades de la región”.
“La Armada Nacional rechaza categóricamente este ataque terrorista que viola flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, por lo que interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente”
Comunicado oficial de la Armada Nacional de Colombia
Días antes, en Teorama, en la región del Catatumbo, un soldado profesional identificado como Wilson Andrés Guevara Bermeo murió y otro uniformado resultó herido en un ataque similar atribuido también al ELN. Además, en zona rural de El Tarra, municipio del Norte de Santander, un artefacto lanzado desde un dron provocó la muerte de un adulto mayor y dejó a varios civiles heridos, evidenciando la creciente amenaza que representan estos dispositivos modificados para fines bélicos.
La situación de seguridad en el país refleja un panorama preocupante, especialmente para los miembros de la Fuerza Pública. Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, 30 uniformados murieron en actos relacionados con su misión institucional: 13 soldados, 16 patrulleros de la Policía Nacional y un auxiliar bachiller. A ello se suma que nueve uniformados permanecen secuestrados por el ELN y por las disidencias de las Farc, junto a dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, lo que profundiza la crisis humanitaria que afecta a las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno.
