El ciudadano Walter Leandro Aguirre Mazo presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado contra la Presidencia de la República, la Cancillería y el Ministerio de Defensa, impugnando la autorización de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos y la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas. El accionante solicitó la suspensión inmediata de estas decisiones por considerar que se adoptaron sin el debido procedimiento constitucional, en posible violación de los artículos 173.4, 189.7, 237.3 y 121 de la Carta Magna. La tutela, presentada el viernes 14 de agosto de 2026, también incluye una medida provisional urgente para que se abstengan de ejecutar ingreso, tránsito, estacionamiento, despliegue o empleo operacional de personal, naves, aeronaves o vehículos militares extranjeros mientras se resuelve el caso.
Los hechos se remontan al 12 de agosto de 2026, cuando durante una reunión en Ciudad de Panamá, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el Gobierno colombiano había solicitado colaboración y autorizado “operaciones militares conjuntas” en territorio nacional. Ese mismo día se confirmó la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, convirtiéndose en el miembro número 19 de este mecanismo, y se reveló una asistencia estadounidense en seguridad de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Aguirre Mazo sostiene que no se ha publicado el acto de autorización, no hay constancia de permiso del Senado, ni dictamen de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, ni tratado aprobado por el Congreso, lo que a su juicio configura una vulneración del orden constitucional.
Medidas y pretensiones de la tutela
Además de la suspensión cautelar, el accionante solicitó copia del instrumento de autorización en un plazo de 48 horas. Como medida subsidiaria, pidió prohibir temporalmente que personal militar extranjero ejecute ataques, bombardeos, incursiones armadas, uso de fuerza letal, capturas, detenciones o conducción de hostilidades, exceptuando actividades de cooperación técnica, capacitación, inteligencia, logística e intercambio de información que cuenten con fundamento jurídico vigente. Entre las pretensiones principales, Aguirre Mazo busca que se declare que la autorización carece de eficacia jurídica interna hasta que se surta el procedimiento constitucional, que se suspendan las actuaciones de ejecución y que se establezcan condiciones como la jurisdicción penal colombiana, la cadena de mando nacional, y la delimitación geográfica y temporal de las operaciones.
La acción de tutela vinculó a múltiples instituciones: Presidencia, Cancillería, Ministerio de Defensa, Senado, Consejo de Estado, Comando General de las Fuerzas Militares, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, ICBF y Unidad de Víctimas. Asimismo, Aguirre Mazo presentó una queja ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente de esa corporación, Abelardo de la Espriella, por su presunta responsabilidad en los hechos. Como antecedente, el accionante citó el Auto 288 de 2010 de la Corte Constitucional, que determinó que el Acuerdo Complementario para la Cooperación en Defensa con Estados Unidos generaba nuevas obligaciones internacionales y no podía producir efectos internos sin ley aprobatoria y control de constitucionalidad.
En paralelo, Aguirre Mazo anunció la conformación de un grupo ciudadano integrado por profesionales, abogados y economistas, así como un plan ciudadano para la prevención del fenómeno de El Niño, sin que hasta el momento se haya revelado más detalles sobre esta iniciativa.
