La finca rural ‘La Mandinga’, ubicada en Cáceres, Antioquia, y con vínculos históricos con Pablo Escobar, permanece bajo el control del Clan del Golfo, que la utiliza como enclave para actividades ilícitas, incluyendo minería ilegal, a pesar de que limita directamente con el Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional. Esta situación ha sido revelada por expedientes judiciales y una investigación periodística de El Tiempo, destacando cómo el predio sigue siendo un foco de operaciones criminales pese a los esfuerzos institucionales por su control.
El terreno, que durante años ha funcionado como centro de operaciones paramilitares y de narcotráfico, fue relacionado previamente con Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, y sirvió como depósito de armas, vehículos y base paramilitar. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá validó su extinción de dominio en el marco de la desmovilización paramilitar, pero el dominio efectivo del Clan del Golfo persiste, lo que genera preocupación por su proximidad a instalaciones militares del Batallón Rifles 31.
Persistencia criminal pese a medidas judiciales
La investigación, respaldada por registros oficiales y liderada por el periodista Camilo García de Colprensa, expone cómo ‘La Mandinga’ mantiene su rol en la minería ilegal y otras actividades delictivas, evidenciando fallas en la seguridad regional. Los expedientes judiciales confirman que esta finca ha sido un bastión criminal durante décadas, pasando de las manos de Escobar y paramilitares a las del Clan del Golfo, sin que la vecindad con el Ejército Nacional haya impedido su uso ilícito.
Esta revelación subraya la complejidad del conflicto en Antioquia y la necesidad de acciones coordinadas para recuperar el control de zonas estratégicas como ‘La Mandinga’, donde la presencia criminal desafía las estructuras de defensa estatal y pone en riesgo la estabilidad de la región.
