El Clan del Golfo prometió respetar los derechos de los menores y liberar a los reclutados, pero a dos meses de la firma de un acta de negociación en Catar entre el Gobierno Nacional y el EGC, esas promesas no se han materializado aún. El acuerdo contempla la aprobación de compromisos sobre derechos de menores y censos internos, una evaluación para identificar menores dentro de sus filas y la remisión de casos al ICBF para el restablecimiento de derechos, además de la creación de grupos de trabajo y la coordinación con ICBF y organismos internacionales para verificación.
El acta fue suscrita por representantes del Clan del Golfo (EGC) y del Gobierno. Entre los firmantes del Gobierno figura Álvaro Jiménez Millán, jefe negociador del Gobierno de Gustavo Petro, mientras que del lado del clan participaron Luis Armando Pérez, alias Bruno, jefe político y líder negociador en Catar, acompañado por Marlon Cabrera, observador militar, y Camilo Medina, observador policial. En la firma también estuvieron presentes el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), el Consejo Mundial de Iglesias y la Conferencia Episcopal de Colombia, en un marco de verificación que busca evitar el uso de menores en el conflicto.
Entre las cifras oficiales destacan 409 menores reclutados en 2024, de los cuales siete estuvieron bajo control del Clan del Golfo. En total, esa organización mantiene aproximadamente 1.900 integrantes distribuidos en 107 municipios, con mayor presencia en el norte y noroccidente de Colombia. En lo que va de 2025, 210 niñas, niños y adolescentes amenazados por reclutamiento han sido atendidos por el ICBF, mientras que 332 menores recibieron amenazas de muerte por parte de grupos armados, y de estos últimos el 63% tienen entre 12 y 17 años. En 2025, 328 menores se desvincularon del conflicto armado; el 82% pertenecía a disidencias de las FARC, incluido un grupo con siete menores fallecidos en un bombardeo en Guaviare, el 10% correspondía al ELN y el 7% al Clan del Golfo o EGC. El ICBF lanzó el 10 de noviembre la estrategia Primer Piso de la Paz para articular esfuerzos de protección y derechos de la infancia.
Promesas pendientes y verificación de derechos de la infancia en la pausa del proceso
A la vista de los hechos, a dos meses del acuerdo en Catar, el censo interno de los miembros del Clan del Golfo aún no se ha concluido; una fuente vinculada al proceso de desmovilización dijo a La FM que “están haciéndolo”, mientras se avanza en la verificación de posibles casos para remitir al ICBF y garantizar su restablecimiento de derechos.
«Sin un compromiso verificable y con plazos claros, los menores pueden quedar atrapados en un limbo entre la retórica del proceso y la realidad del control armado» – Leonardo González, director del Indepaz
«El grupo hará un nuevo censo al interior de sus integrantes para verificar la situación y, en el evento de identificarse casos, se pondrán a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos» – Documento firmado por los representantes del Gobierno y del EGC
«Están haciéndolo» – Fuente vinculada al proceso de desmovilización
El contexto de este desarrollo se remite a los diálogos de Catar que comenzaron el 18 de septiembre y que sitúan el punto de derechos de los menores como un avance relevante de la agenda de negociación. Sin embargo, la materialización de las promesas sigue bajo escrutinio, pues las autoridades advierten sobre el riesgo de que los menores queden atrapados entre la retórica del proceso y la realidad del control armado. Por ello, la coordinación entre el Estado y organismos internacionales para verificar la seguridad y la protección de la infancia permanece como un elemento clave de la negociación y de la confianza pública en este proceso.
