La Alcaldía de Sabanalarga, en el departamento del Atlántico, enfrenta una crisis institucional sin precedentes al operar sin su Palacio Municipal, clausurado desde finales de septiembre por riesgos graves e inminentes para la salud y la seguridad de los trabajadores, y sin su alcalde, quien permanece suspendido temporalmente por una investigación fiscal en curso. La decisión del cierre fue impulsada por denuncias formales presentadas por los sindicatos Sinserpalsa, Sintraimtdescol y Sintramusa ante el Ministerio del Trabajo, que ordenó la medida tras una verificación conjunta con la Gobernación del Atlántico y la ARL Sura, confirmando las condiciones peligrosas en el edificio ubicado en la calle 21 No. 18-46.
Los sindicatos alertaron sobre un deterioro generalizado que ponía en jaque la integridad de los empleados públicos, lo que derivó en un informe oficial que detalló múltiples fallas estructurales y sanitarias. Esta situación ha paralizado el funcionamiento administrativo habitual, obligando a reubicar provisionalmente las oficinas en dos casas arrendadas y en instalaciones de un colegio cercano, mientras se suspende la atención al público hasta que se realicen las obras necesarias y se obtenga la certificación de seguridad.
Condiciones insalubres y peligrosas detectadas
Entre los problemas identificados destacan la presencia de excrementos de palomas, murciélagos y roedores en varias áreas, junto con altos niveles de humedad y goteras constantes que comprometen la estructura. Las instalaciones eléctricas se encuentran dañadas, los baños están colapsados, y faltan elementos esenciales como extintores y detectores de humo. Además, los archivos y bodegas carecen de medidas de seguridad adecuadas, lo que ha afectado directamente la salud de varios trabajadores que han reportado incidentes relacionados con estas condiciones precarias.
Crisis que afecta el servicio público
Esta clausura representa una crisis inédita para Sabanalarga, donde la ausencia del Palacio Municipal y la suspensión temporal del alcalde por presuntas irregularidades fiscales agravan el panorama administrativo. Las autoridades locales trabajan en soluciones de emergencia, pero la normalización depende de intervenciones urgentes para mitigar los riesgos y restaurar la operatividad, garantizando así el servicio a la ciudadanía en un municipio que lidia con desafíos estructurales profundos.
