Desde La Veintitrés Manizales, la crisis económica que está afectando a la Liga BetPlay II-2025 podría desencadenar huelgas de jugadores por impagos, dejando a Deportivo Pasto en riesgo de no presentarse ante Atlético Bucaramanga el 13 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Estadio Departamental Libertad, mientras Deportivo Pereira logró una tutela para alinear jugadores sub-20 frente al Independiente Medellín el 7 de noviembre de 2025.
La alerta de Acolfutpro, publicada el 30 de octubre de 2025, advierte sobre un escenario en el que las deudas de septiembre y octubre podrían dejar a los futbolistas sin pago y sin posibilidad de participar; en paralelo Pereira obtuvo una tutela para usar juveniles ante Medellín, en un intento por mitigar el incumplimiento salarial. En este entramado participan Deportivo Pasto y Deportivo Pereira como clubes afectados, Acolfutpro como sindicato, Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín como rivales directos, y el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Trabajo, el Juzgado de Pereira y Dimayor como actores de intervención y regulación. Todo ello enmarcado dentro de la Ley 2069 de 2020 y el reglamento de Dimayor vigente para 2025, que regulan las condiciones para el tratamiento de deudas salariales y las responsabilidades administrativas de las entidades deportivas. Las cifras señalan que los pagos pendientes corresponden a septiembre y octubre de 2025 para Pasto, y que el partido afectado está programado para el 13 de noviembre; Pereira, por su parte, ya recabó una tutela para el uso de juveniles frente al Medellín el 7 de noviembre, en lo que se considera un caso emblemático de la intervención judicial en el fútbol profesional colombiano.
La incidencia en la competencia y respuestas institucionales
Las implicaciones trascienden el calendario: podrían alterar la definición de los primeros lugares y el Fair Play en la jornada, y Pereira ya utilizó juveniles en fechas recientes; la posibilidad de que Pasto no se presente podría desbalancear la competencia si el club decide acudir con un equipo alterno o no hacerlo, según las resoluciones de Dimayor y las evaluaciones del Ministerio del Deporte y del Ministerio del Trabajo. Las autoridades evalúan posibles medidas para proteger a los jugadores, regularizar el proceso de pagos y mantener la integridad de la liga, en medio de observaciones sobre tensiones internas y posibles irregularidades en la gestión de clubes de primera y segunda división.
«inconcebible, desgastante y profundamente injusta con los trabajadores que cumplen con sus labores con disciplina y compromiso» – Acolfutpro, Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales
En última instancia, la crisis pone a prueba a directivos, autoridades y jugadores para encauzar un camino que preserve la dignidad de la profesión y la viabilidad económica de los clubes, con intervención coordinada de los ministerios, de la justicia y de la comisión deportiva para evitar un desgaste mayor del fútbol profesional colombiano y asegurar que el torneo siga disputándose en condiciones justas para todas las partes.
