La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes de Colombia inició una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego por presunto abuso de función pública en la adjudicación directa del contrato para la producción y expedición de pasaportes a la Imprenta Nacional de Colombia. La denuncia, presentada el 8 de julio de 2025 por el precandidato presidencial y líder de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, fue comunicada oficialmente el 22 de noviembre de 2025 bajo el expediente número 7011. La terna investigadora, conformada por los representantes Carlos Cuenca, Jorge Rodrigo Tovar y Daniel Restrepo, basa sus acciones en el artículo 424 de la Ley 600 de 2000, que tipifica el abuso de función pública.
La pesquisa se centra en presuntas irregularidades durante el proceso de adjudicación directa, incluyendo un supuesto atropello institucional y la falta de capacidad técnica de la Imprenta Nacional, lo que habría puesto en riesgo el servicio de emisión de pasaportes. Como parte de las diligencias, se ordenó una inspección por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la Procuraduría General de la Nación, junto con solicitudes de información dirigidas a la Fiscalía General, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Presidencia de la República. Entre los requerimientos figuran el estado procesal del exjefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Rafael Saade Vergel, certificaciones de convenios con la Casa de la Moneda de Portugal, y las directrices emitidas por la Presidencia a Saade en relación con este asunto.
Contexto legal y antecedentes del contrato
La denuncia se fundamenta en los artículos 178 numeral 3 y 199 de la Constitución Política, así como en la Ley 5 de 1992. Se vincula directamente a Saade Vergel en un convenio con la Casa de la Moneda portuguesa para la ejecución del contrato. Cabe recordar que la expedición de pasaportes se normalizó tras una declaratoria de urgencia manifiesta a finales de agosto de 2025, mientras el contrato previo con la empresa Thomas Greg & Sons se extendió hasta noviembre de ese año. Paralelamente, la Procuraduría General interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por irregularidades en el proceso.
Situación actual y cifras relevantes
A pesar de las controversias, los puntos de atención para la expedición de pasaportes en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla operan con normalidad. Sin embargo, se reportan alrededor de 30 mil pasaportes sin recoger, lo que añade un elemento de preocupación al panorama. Esta investigación preliminar representa un nuevo capítulo en las tensiones institucionales en torno a la gestión del gobierno del presidente Petro, quien enfrenta escrutinio por decisiones administrativas clave en el sector público.
