La Cámara de Representantes tiene previsto aprobar en segundo debate el próximo 2 de noviembre el proyecto de ley de sometimiento individual o colectivo impulsado por el Gobierno del presidente De la Espriella, una iniciativa que llega con mensaje de urgencia y que está llamada a sustituir la política de ‘Paz Total’ del expresidente Gustavo Petro. El cronograma trazado por la corporación contempla que, apenas dos días después de esa votación, el 4 de noviembre, se surta la conciliación con el Senado, de modo que el texto quede en condiciones de pasar a sanción y convertirse en ley de la República.
El trámite entró en su recta final luego de que el Senado rechazara el pasado 30 de octubre el archivo de la iniciativa, con una votación de 45 votos en contra y 19 a favor, y de que la plenaria de esa corporación cerrara la ponencia con 48 votos a favor y apenas 5 en contra. Con ese respaldo, la discusión se trasladó a la Cámara, donde su presidente, Nicolás Barguil, asumió el compromiso de sacar adelante el articulado dentro de los tiempos previstos y sin sobresaltos para la coalición que lo respalda.
«Los colombianos pueden tener la seguridad de que vamos a cumplir con nuestro deber»
Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes
El proyecto modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, de orden público, y establece un régimen de sometimiento a la justicia que contempla la entrega de armas, de información y de bienes por parte de los grupos criminales. A cambio, fija rebajas de penas de hasta el 50 por ciento para los integrantes de base de esas estructuras y de hasta el 30 por ciento para sus liderazgos, siempre y cuando cumplan con condiciones precisas: decir la verdad, reparar a las víctimas y entregar los bienes obtenidos de la actividad ilegal. El articulado también prevé centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas y cárceles productivas, y contempla zonas de concentración con delimitación geográfica estricta, en las que no se suspenden las operaciones de la fuerza pública ni las órdenes de captura o de extradición.
El pulso político por el fin de la ‘Paz Total’
El debate no ha sido ajeno a la confrontación entre las bancadas que respaldan al Gobierno y las que ejercen la oposición. El representante de Cambio Radical Julio César Triana ha defendido la iniciativa como un giro de fondo frente al modelo anterior y sostiene que las negociaciones de la ‘Paz Total’ durante cuatro años ampliaron la presencia territorial de los grupos criminales y el reclutamiento en diversas regiones del país. Su postura resume el espíritu del articulado, que apuesta por un régimen de sometimiento en lugar de la negociación política que proponía la administración Petro.
«Es sometimiento puro y duro» / «la ley busca que los delincuentes acepten las condiciones del Estado, y no al revés»
Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical
En la misma línea, el legislador fue enfático al señalar el punto de quiebre que representa la votación de esta semana para la política de paz heredada del periodo anterior. «Hoy oficialmente daremos fin a la fracasada y lamentable Paz Total de Petro que tanto daño le hizo al país», afirmó Triana, en una declaración que condensa la lectura política que la coalición mayoritaria hace del nuevo articulado.
Desde la Alianza Verde, la representante Catherine Juvinao respaldó el avance del proyecto pero puso distancia frente a cualquier entusiasmo automático, al advertir que el hecho de que una iniciativa contenga la palabra paz no la hace merecedora de confianza inmediata. La congresista insistió además en el riesgo de que el debate profundice las divisiones del país y pidió no renunciar al deber de perseguir la paz, aun cuando los intentos anteriores hayan fracasado.
«Cualquier diálogo o cualquier proceso de paz, por contener la palabra paz, ya merece nuestra confianza automática. Y eso no es así»
Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde
Las objeciones de la oposición
Las críticas más duras provienen del Pacto Histórico. La senadora Carolina Corcho ha cuestionado de raíz la eficacia del mecanismo y sostiene que el articulado, pese a su nombre, no obliga a ningún grupo a abandonar la ilegalidad. «El problema de este proyecto de ley es que no somete a nadie», ha señalado la congresista, quien junto a otros sectores de la oposición cuestiona que las condiciones del Estado sean lo suficientemente exigentes como para garantizar la desmovilización efectiva de las estructuras criminales.
A esa objeción se sumó la del senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, quien objetó que el Ejecutivo pretenda reglamentar el sometimiento individual cuando en el ordenamiento jurídico ya existen mecanismos como el principio de oportunidad y los preacuerdos, figuras que, a su juicio, harían innecesario abrir un nuevo camino para los delincuentes que decidan colaborar con la justicia de manera unilateral.
Pese a las diferencias, el calendario legislativo sigue su curso y la conciliación con el Senado, presidido por Honorio Miguel Henríquez Pinedo, del Centro Democrático, aparece como el último obstáculo antes de la sanción. En ese trámite también ha tenido protagonismo el ministro de Justicia, Iván Cancino, cuya cartera tiene a su cargo la política criminal y la articulación de las condiciones bajo las cuales se aplicarán las rebajas de penas y las zonas de concentración. Con la aprobación prevista para el 2 de noviembre y la conciliación del 4, el Gobierno de De la Espriella aspira a cerrar en menos de una semana el capítulo de la ‘Paz Total’ y a estrenar un régimen de sometimiento que, según sus promotores, pondrá las condiciones del Estado por encima de las exigencias de los grupos armados.
