En una votación que define el futuro de la seguridad vial en Colombia, la plenaria de la Cámara de Representantes hundió definitivamente el proyecto de ley que buscaba implementar la licencia de conducción por puntos y una nueva póliza obligatoria para los conductores. Con 56 votos en contra y 43 a favor, los representantes rechazaron el informe de conciliación que unificaba los textos aprobados previamente en el Senado, archivando así una iniciativa que había generado un intenso debate en el Congreso sobre sus alcances y posibles impactos.
La propuesta, promovida por la senadora Angélica Lozano, establecía un sistema de puntaje inicial para los conductores: 26 puntos para vehículos particulares y 36 para el servicio público, con descuentos que oscilaban entre 4 y 10 puntos por infracción según su gravedad. La idea central era castigar la reincidencia en infracciones y modificar hábitos peligrosos al volante, un modelo que ya funciona en varios países. La senadora Lozano recordó que, en el último año, cerca de 8.900 personas murieron en siniestros viales en Colombia, una cifra que consideró una emergencia nacional que requería medidas urgentes.
Oposición por potenciales abusos y costos
Pese a los argumentos de los promotores, la iniciativa encontró una férrea oposición en la Cámara, donde congresistas expresaron su preocupación por los riesgos de abusos, los costos adicionales para los ciudadanos y la falta de controles en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). El punto más controvertido, que finalmente terminó sepultando el proyecto, fue la inclusión de una nueva póliza obligatoria que muchos calificaron como un segundo SOAT. Aunque el Senado logró eliminar este artículo antes de la votación final, el daño político ya estaba hecho y el proyecto no logró recuperar los apoyos necesarios.
«En Colombia necesitamos mejores procesos de formación para quienes obtienen una licencia de conducción y también mecanismos que reconozcan a los conductores responsables», afirmó Julián Forero «Fuchi», concejal de Bogotá, quien siguió de cerca el trámite.
Julián Forero, Concejal de Bogotá
El concejal también advirtió sobre la necesidad de controles estrictos: «Cuando se crean sistemas que tienen la capacidad de suspender licencias, sacar conductores de las vías o restringir derechos, también deben existir controles estrictos sobre quienes imponen las sanciones». Forero fue aún más allá al señalar que la administración del sistema habría quedado en manos del SIMIT, una entidad con cuestionamientos sobre su transparencia, y que la recuperación de puntos dependería de cursos gestionados por Centros Integrales de Atención (CIA) y operadores privados, lo que abría la puerta a que el sistema se convirtiera en un negocio particular.
«La seguridad vial debe ser una política seria para salvar vidas, no una excusa para crear nuevos cobros, fortalecer estructuras de recaudo o abrir espacios para abusos», sentenció Forero.
Julián Forero, Concejal de Bogotá
El archivo del proyecto deja sin efecto una reforma que también proponía fortalecer los requisitos para las licencias de conductores novatos y otorgar incentivos a los conductores responsables. Mientras los promotores, como la senadora Lozano, lamentaron la decisión, los críticos celebraron el freno a lo que consideraban una carga excesiva para los ciudadanos y un posible foco de abusos. La influencia de congresistas preocupados por el impacto en las empresas de transporte y los costos de implementación pesó en el resultado final, dejando a Colombia sin una herramienta que, según sus defensores, podría haber salvado vidas en las carreteras.
