En la sesión del 28 de octubre, la Cámara de Representantes, presidida por Nicolás Barguil, subsanó las proposiciones de los nueve artículos devueltos por la Corte Constitucional de la reforma pensional. Al negar o retirar las diez proposiciones estudiadas, se mantuvo el texto del Senado sin necesidad de conciliación, cumpliendo con el plazo del 29 de octubre de 2026. Esta acción respondió a la devolución de los artículos por parte de la Corte, que argumentó la falta de discusión de proposiciones del Senado, lo que había generado demandas.
La Corte Constitucional había aprobado la mayor parte de la reforma pensional el 25 de agosto de 2026, pero devolvió nueve artículos por no haberse discutido proposiciones del Senado. Este hecho desató una tormenta política en 2024, cuando la Cámara aprobó el texto del Senado sin considerar dichas proposiciones. Con esta subsanación, el proceso se resolvió sin conciliación, a diferencia del Presupuesto General de 2027, que cayó por falta de tiempo.
«Cumplimos con la sustanciación ordenada por la Corte Constitucional frente a la reforma pensional. En la plenaria dimos un debate serio, responsable y con garantías para todas las bancadas, en el que estudiamos las diez proposiciones devueltas por la Corte. Todos los puntos ordenados por la Corte fueron cumplidos»
Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes
«Como las proposiciones fueron negadas y no se introdujeron cambios al articulado, no hay lugar a conciliación. Cumplimos con nuestro deber constitucional, respetamos las decisiones judiciales y garantizamos un debate democrático con todas las garantías»
Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes
«Reafirmamos la voluntad popular y democrática de avanzar hacia un sistema de protección para la vejez más incluyente. Esta reforma representa una conquista social por la que hemos luchado durante décadas. Millones de colombianos y colombianas que trabajaron toda su vida sin alcanzar una pensión podrán contar con una protección económica en su vejez»
Santiago Osorio, representante del Partido Verde
Detalles de la subsanación y advertencias fiscales
El Ministerio de Hacienda, dirigido por Miguel Gómez, advirtió sobre los costos fiscales de algunas modificaciones. Respecto al artículo 23, que establece una comisión de hasta 0,7% sobre el saldo de recursos gestionados por AFPs y Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual, Hacienda señaló que de suprimirse esta comisión, los ingresos por administración de las AFP se reducirían en un 77%. Asimismo, el Ministerio objetó cambios al cálculo de bonos pensionales, indicando que la Oficina de Bonos Pensionales tiene la experiencia para determinar valores. Además, la reducción a 1.000 semanas para acceder a pensión genera un mayor pasivo pensional equivalente al 19,4% del PIB de 2025. También se mencionó que el descuento de 50 semanas por hijo nacido vivo o adoptivo, con un límite de tres hijos, permitiría a las mujeres acceder a pensión con un mínimo de 850 semanas, frente al requisito vigente de 1.000 semanas.
Contrarreforma del Centro Democrático
El Centro Democrático, sector cercano al presidente Abelardo de la Espriella, propuso una contrarreforma con reparos al proyecto. Liderada por los senadores Claudia Margarita Zuleta, Andrés Forero y Zandra Bernal, incluye aspectos como edad de pensión de 57 años para mujeres y 62 para hombres, un umbral de 2,3 salarios mínimos para elegir entre Colpensiones o un fondo privado, y una tasa de cotización del 16% con aportes del empleador (75%) y trabajador (25%). Los hombres necesitarían 1.300 semanas, mientras que las mujeres pasarían de 1.135 semanas en 2026 a 1.000 en 2035. Los fondos privados podrían otorgar pensión a cualquier edad si financian el 110% de una pensión mínima. Además, se plantea una mensualidad vitalicia con piso de renta básica solidaria y techo del 80% de un salario mínimo. Según el documento, el déficit del sistema se incrementaría en 470 billones de pesos. La contrarreforma también permite a afiliados no pensionados optar por devolución completa del saldo con rendimientos, indemnización sustitutiva o mensualidad vitalicia, y establece cambios de administradora cada cinco años sin límite de edad, con doble asesoría, y traslados entre fondos privados cada seis meses. Para quienes coticen por encima de 2,3 salarios mínimos, se fija un plazo de seis meses para elegir la entidad que manejará el excedente, y de no hacerlo, se les asignaría una de manera aleatoria.
Con esta decisión, la reforma pensional, uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro, avanza sin contratiempos tras el 7 de agosto de 2026, reafirmando su objetivo de ampliar la cobertura y protección social para la vejez en Colombia.
