La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió remitir a la Fiscalía General de la Nación la investigación preliminar en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntas irregularidades en la posesión de Bernardo Camacho como superintendente de Salud. Esta decisión se tomó en la Cámara de Representantes tras determinar una falta de competencia para avanzar en el proceso, derivado del nombramiento de Camacho en octubre de 2025.
El caso surgió por señalamientos sobre posibles inhabilidades de Camacho, quien habría sido interventor de Nueva EPS al momento de su designación, además de acusaciones por el uso de recursos de una entidad de salud para pagar multas impuestas a Camacho por incumplimiento de tutelas. Jaramillo no asistió a la citación del 21 de abril, lo que llevó a una segunda convocatoria para el 24 de abril, suspendida después de que el ministro solicitara el 23 de abril de 2026 rendir su testimonio mediante certificación jurada, invocando el artículo 271 de la Ley 600 de 2000.
Fundamentos legales y revisión de fuero
La comisión basó su remisión en una sentencia de la Corte Constitucional que aclara los alcances del fuero, concluyendo que las funciones delegatarias de un funcionario no otorgan fuero presidencial a los ministros. De esta manera, la Fiscalía General asumirá el análisis de las pruebas recolectadas en esta etapa preliminar y evaluará posibles cargos por prevaricato u otros delitos relacionados.
«el hecho de que un funcionario haya tenido funciones delegatarias, eso no le da fuero presidencial»
Sentencia de la Corte Constitucional
«Rendirán su testimonio por medio de certificación jurada, y con este objeto se le notificará y formulará un cuestionario»
Artículo 271 de la Ley 600 de 2000, invocado por Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud
En su solicitud, el ministro Jaramillo argumentó que esta disposición legal confiere a los ministros de Estado la facultad de responder a cuestionamientos judiciales sin necesidad de acudir de manera presencial, siempre bajo juramento. Con esta remisión, el proceso pasa ahora a manos de la Fiscalía, que profundizará en las irregularidades denunciadas en el nombramiento y manejo de recursos públicos.
«confiere a los ministros de Estado la facultad de responder a los cuestionamientos judiciales sin acudir de manera presencial, siempre bajo juramento»
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud
Este desarrollo marca un nuevo capítulo en las investigaciones sobre la gestión en el Ministerio de Salud, donde la Fiscalía tomará las riendas para determinar si proceden acciones penales contra el funcionario, en un contexto de escrutinio público sobre la designación de altos cargos en el sector salud.
