El Consejo Nacional Electoral confirmó la recepción de dos denuncias formales contra la campaña presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, por presuntos actos políticos masivos realizados después del 25 de mayo, fecha a partir de la cual el Decreto 188 de 2026 restringe estas actividades a recintos cerrados. Las solicitudes de investigación fueron radicadas el pasado 27 de mayo, a las 11:43 de la mañana y a las 12:04 del mediodía, y ya fueron distribuidas a los despachos de los magistrados del CNE para que determinen si existe mérito para abrir una investigación formal. Paralelamente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó al candidato a través de su cuenta en la red social X, señalando que «Iván Cepeda siempre viola la ley» y que realiza «manifestaciones en recintos prohibidos» disfrazándolas de reuniones de organización electoral.
La primera denuncia fue presentada por Gabriel Guillermo Garrido Gallardo, quien pidió revisar las actividades políticas desarrolladas en Arauca, específicamente en el Centro de Convenciones Los Libertadores, donde se realizó un evento el 27 de mayo. En esa ocasión, la senadora Aída Quilcué no pudo asistir debido a problemas climáticos. La segunda denuncia, interpuesta por Santiago Arango, solicita investigar los actos del 25 de mayo en Sincelejo, realizados en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre, y los del 26 de mayo en Montería, una reunión con jóvenes y coordinadores de la campaña. En ambos casos se invoca el artículo 6 del Decreto 188 de 2026, que establece que entre el 25 de mayo y el 1 de junio «solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados».
La defensa de la campaña
Frente a las acusaciones, el excongresista y dirigente de la campaña, Gustavo Bolívar, defendió la legalidad de los encuentros al explicar que todos se han realizado en espacios privados y cerrados. En declaraciones a Caracol Radio, Bolívar señaló que «lo que pasa es que los del candidato Iván Cepeda son muy masivos porque la gente quiere entrar. Entonces, buscamos sitios privados que tengan la capacidad de albergar entre 2.000 y 3.000 personas, algo que no pasaba antes». Agregó que en estos eventos se suministra hidratación y refrigerios, y que todos los aportes y gastos serán reportados ante el CNE. Además, Bolívar informó que la campaña ya ha coordinado a más de 100.000 testigos electorales de cara a la jornada del 31 de mayo.
El propio candidato Iván Cepeda, durante el acto en Montería, quiso dejar claras las intenciones del encuentro. «Bueno, para que no haya dudas, porque últimamente hacemos actos y vienen críticas, esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo», afirmó ante los asistentes. En el mismo evento, Cepeda dio instrucciones precisas: «Y para que estemos claros quienes estamos en este recinto privado sobre algunas instrucciones importantes: que no se quede nadie el 31 de mayo en su casa; desde temprano, a primera hora, ir a las urnas y a las mesas». La campaña anunció además otro encuentro programado para el 29 de mayo en Girardot, Cundinamarca, en La Playa Centro de Convenciones.
«Iván Cepeda siempre viola la ley. Hace manifestaciones en recintos prohibidos y dice que es para organizar su campaña. ¡Qué peligro de persona!»
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
El contexto normativo es clave para entender la controversia. El Decreto 188 de 2026, expedido por el Ministerio del Interior, establece en su artículo 6 una restricción expresa a la actividad política en espacios abiertos desde el 25 de mayo hasta el 1 de junio, permitiendo únicamente reuniones en recintos cerrados. La campaña de Cepeda insiste en que todos sus eventos cumplen con esta condición, mientras que los denunciantes sostienen que el carácter masivo de las convocatorias y la naturaleza de los espacios utilizados podrían constituir una violación de la norma. Inicialmente, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, afirmó que no existían solicitudes de investigación, pero la entidad precisó luego que los expedientes ingresaron el mismo 27 de mayo, despejando cualquier duda sobre su recepción. La decisión final sobre la apertura de una investigación quedará ahora en manos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral.
