El Consejo Nacional Electoral (CNE) se alista para definir la séptima curul de la Cámara de Representantes por Cundinamarca para el periodo 2026-2030, en una disputa que enfrenta al Partido Liberal y al Partido Mira. La decisión, que aún no ha sido adoptada por la Sala Plena, ha generado una intensa controversia alimentada por denuncias de irregularidades en la presunta ponencia que circula en redes sociales y que, según versiones no oficiales, beneficiaría al partido Cambio Radical, en cabeza de Leonardo Rico. Mientras tanto, los candidatos implicados, Alexander Prieto por el Partido Liberal y Diana Maritza Álvarez por la coalición Centro Democrático–Partido Mira, defienden sus derechos con base en los escrutinios y el Formulario E-26, en medio de un proceso que incluyó una audiencia pública en Corferias, Bogotá, y la revisión de material probatorio por parte del CNE.
El origen de la controversia radica en que los resultados electorales oficiales no lograron definir al ganador de la séptima curul, lo que obligó al CNE a revisar a fondo los escrutinios departamentales de Cundinamarca. Ambos partidos han presentado reclamaciones y recursos durante más de cuatro meses, mientras que el Partido Mira ya anunció que ejercerá acciones jurídicas y constitucionales si la ponencia que circula se confirma. Manuel Virgüez Piraquive, presidente de Mira, denunció la falta de respuesta a las solicitudes de saneamiento presentadas por su colectividad y afirmó categóricamente: «Nos quieren quitar la curul que los ciudadanos nos entregaron en las urnas. No permitiremos que errores, duplicidades o decisiones contrarias a la ley cambien la voluntad de la gente». En la misma línea, sostuvo que «cada voto debe contarse una sola vez y respetarse tal como fue depositado en las urnas».
Inconsistencias en la presunta ponencia
Uno de los elementos que más ha llamado la atención en esta disputa es la serie de irregularidades que, según las partes, contiene la presunta ponencia que circula de manera extraoficial. De acuerdo con los datos revelados, se habrían identificado 114 registros de mesas duplicadas, algunos de ellos repetidos hasta cuatro veces, así como 26 registros resueltos de manera contradictoria. Además, 62 mesas habrían sido incluidas sin que existiera solicitud formal de ningún partido, y se reportan tres resultados aritméticos diferentes para los mismos partidos dentro de un mismo documento. Incluso se menciona la existencia de una mesa que no figura en el censo oficial. Estas cifras han sido utilizadas tanto por el Partido Liberal como por el Partido Mira para cuestionar la transparencia del proceso y exigir que la decisión final se base exclusivamente en la ley y el material probatorio.
Frente a este escenario, el candidato liberal Alexander Prieto emitió un comunicado el pasado 12 de julio en el que expresó su esperanza de que la decisión del CNE «responda exclusivamente a la Constitución, la ley y al material probatorio, garantizando el respeto por el debido proceso y la voluntad popular». Asimismo, rechazó de manera enfática «una posible ponencia que circula en redes sociales, que presenta como definitiva una decisión que aún no ha sido adoptada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, en el que afirma la curul al partido Cambio Radical».
Contexto de la disputa
La séptima curul por Cundinamarca no es el único caso de definición compleja: el CNE también enfrenta procesos similares en Chocó y en circunscripciones especiales, lo que refleja la intensidad de la reciente contienda electoral. La revisión nacional de escrutinios, reanudada por el CNE en Corferias, busca notificar las decisiones y suscribir las actas de declaratoria de elección, pero la falta de consenso y las denuncias cruzadas demoran el desenlace. Mientras tanto, la coalición Mira–Centro Democrático insiste en que el Formulario E-26 certifica que la última curul les corresponde, y el Partido Mira ha advertido que no cejará en su defensa jurídica. Por su parte, Alexander Prieto ha reiterado que los recursos y reclamaciones presentados durante más de cuatro meses deben ser evaluados con rigurosidad. La Sala Plena del CNE tiene en sus manos la responsabilidad de dirimir esta controversia, en la que están en juego no solo la voluntad popular expresada en las urnas, sino también la credibilidad del sistema electoral.
