El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia delimitó un tope de gastos de 18.555 millones de pesos para las campañas de partidos, coaliciones o grupos significativos que participen en las consultas presidenciales interpartidistas programadas para el 8 de marzo de 2026. Esta medida, establecida mediante la Resolución número 12111 de 2025, busca garantizar el control financiero de las campañas internas y promover la transparencia y equidad en los procesos electorales.
El monto total representa la mitad del tope establecido para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 y supera en 1.200 millones de pesos el límite para la segunda vuelta. Este tope compartido debe ser gastado de manera conjunta por las campañas de todos los precandidatos inscritos por una colectividad, prorrateado a partes iguales entre cada uno de ellos. Además, se contempla una reposición de 8.287 pesos por cada voto válido emitido en la consulta.
“Debe ser gastado de manera conjunta por las campañas que adelanten todos los candidatos del respectivo partido o movimiento político, grupo significativo de ciudadanos o coalición prorrateada a partes iguales entre cada uno de los precandidatos, que sean inscritos y participen en la Consulta a realizarse el 8 de marzo de 2026”.
Resolución 12111 de 2025, Consejo Nacional Electoral (CNE)
Reglamentación detallada para campañas y propaganda
Para asegurar el cumplimiento de estas normas, cada partido o coalición deberá designar un gerente de campaña único y abrir una cuenta bancaria exclusiva para la colectividad. La financiación provendrá exclusivamente de donaciones privadas, sujetas a las restricciones presidenciales vigentes. En cuanto a la participación mediática, se autorizan hasta tres debates, con un tiempo máximo de cinco minutos por precandidato para presentar su programa de gobierno y diez minutos para el cierre de campaña. Asimismo, se imponen límites estrictos en el uso de vallas publicitarias, pauta radial y espacios en prensa escrita.
Estas consultas interpartidistas permitirán a los partidos seleccionar a sus precandidatos presidenciales para las elecciones de 2026 en un marco de mayor regulación financiera. Un ejemplo de su aplicación es el Partido Liberal, que ya descartó inscribir múltiples aspirantes, optando por una estrategia más concentrada que se ajusta al nuevo tope compartido.
