El Consejo Nacional Electoral de Colombia impuso este jueves 27 de noviembre de 2025 una sanción administrativa a la campaña presidencial ‘Petro Presidente’ de 2022, con una multa cercana a los 6.000 millones de pesos, por superar los topes de financiación y utilizar fuentes no permitidas. La resolución, adoptada por 6 votos a favor y 3 en contra bajo la ponencia de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, abarca más de 550 páginas y responsabiliza directamente a Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Lucía de Mogollón como tesorera, Mari Luz Soto Caro como auditora, así como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
La decisión se fundamenta en el exceso de gastos en ambas vueltas electorales, con un estimado de aproximadamente 3.500 millones de pesos según la ponencia, aunque el título del fallo eleva la cifra por encima de los 5.000 millones. Esta sanción, que no afecta la investidura presidencial de Gustavo Petro, genera un impacto en los fondos públicos destinados a los partidos del Pacto Histórico y ha sido enviada en copias compulsadas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, mientras queda sujeta a revisión por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Contexto de la campaña de 2022 y repercusiones electorales
La campaña de Gustavo Petro en 2022 presentó discrepancias entre los ingresos y gastos reportados, lo que derivó en esta investigación del Consejo Nacional Electoral. La medida ha desatado discusiones intensas en redes sociales de cara a las elecciones presidenciales de 2026, afectando potencialmente la coalición del Pacto Histórico, su estrategia electoral y la confianza de donantes privados.
Voces expertas sobre las implicaciones
«Este tipo de declaraciones y de medidas por parte del Consejo Nacional Electoral pueden ser tomadas como una baza, como una especie de excusa o justificación para reforzar incluso la narrativa de persecución desde otras instituciones al partido del presidente»
Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales, Universidad Javeriana
«Existe la posibilidad. La veo muy poco probable por los tiempos electorales, pero podría ser posible por la correlación de fuerzas que existe en el Congreso»
Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales, Universidad Javeriana
«Pero el diseño legal e institucional solo permite identificar la superación de topes o de fuentes prohibidas de forma posterior a los comicios electorales»
Iván Unigarro, profesor, Universidad de La Sabana
«Con la implementación adecuada de modelos de datos y transparencia en las campañas políticas, los ciudadanos deberíamos poder tener un control en tiempo real de quienes y en cuanto donan, en cualquier momento y no solo en épocas electorales, para garantizar así un adecuado derecho al voto»
Iván Unigarro, profesor, Universidad de La Sabana
Expertos como Manuel Camilo González e Iván Unigarro destacan las tensiones políticas que rodean esta sanción, subrayando tanto la percepción de persecución como la necesidad de mayor transparencia en tiempo real para fortalecer la democracia electoral en Colombia.
