El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso sanciones económicas que superan los 6.500 millones de pesos a figuras clave de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, incluyendo al gerente Ricardo Roa Barragán, la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso, la auditora interna María Lucy Soto Caro, así como al Movimiento Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP), por exceder los topes electorales permitidos y recibir financiaciones de fuentes prohibidas durante la primera y segunda vuelta. Estas multas, aprobadas el 27 de noviembre en la sala plena del CNE con seis votos a favor y tres en contra, también incluyen la devolución de gastos asociados al evento realizado en el Movistar Arena el 19 de junio de 2022. Los sancionados han activado mecanismos jurídicos como acciones de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, además de tutelas, para controvertir la resolución por presuntas falencias en competencia, errores en pruebas, ausencia de motivación o vulneraciones al debido proceso.
Esta decisión marca un hito en la historia electoral colombiana, ya que se trata de la primera vez que el CNE aplica sanciones pecuniarias a una campaña presidencial, derivadas de violaciones a los topes de gasto, ingresos no autorizados y falta de controles adecuados. La interposición de estos recursos no suspende automáticamente la ejecución de las multas, salvo que el Consejo de Estado conceda una medida cautelar en caso de vulneración manifiesta de normas superiores, mientras que las tutelas proceden de manera subsidiaria y excepcional por perjuicio irremediable o fallas graves en el proceso administrativo, todo ello dentro de los plazos establecidos por la Constitución, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y la jurisprudencia constitucional.
Impacto institucional y opciones de defensa
Las sanciones afectan directamente la vida institucional de la Unión Patriótica y Colombia Humana, al tiempo que Ricardo Roa Barragán, quien actualmente preside Ecopetrol, lidera los esfuerzos jurídicos para revertirlas. Las acciones de nulidad cuestionan aspectos fundamentales del procedimiento del CNE, como la falta de competencia o errores en la valoración de pruebas, mientras que las tutelas buscan proteger derechos fundamentales ante posibles irregularidades. Este escenario jurídico inmediato pone en jaque la resolución del organismo electoral, abriendo un camino de litigios que podría prolongarse en los tribunales superiores de Colombia.
En un contexto de mayor escrutinio a las campañas políticas, esta sanción subraya la importancia de los controles financieros en procesos electorales y anticipa posibles repercusiones en la dinámica partidista, mientras los implicados defienden su actuación y buscan anular las medidas que consideran injustas.
