El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia registró 5.970 testigos electorales inscritos para vigilar las elecciones de 2026, según el corte realizado al 15 de febrero, con un plazo extendido hasta la medianoche del 1 de marzo para nuevas postulaciones a través de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales. Estos testigos, que realizarán una vigilancia voluntaria en la votación, el escrutinio y otros procedimientos, contarán con credenciales digitales en formato QR emitidas mediante acto administrativo electrónico para su validación en los puestos de votación.
En el desglose regional, el departamento del Cesar lidera con el 33 por ciento de los inscritos, seguido por el Valle del Cauca con el 19,3 por ciento y Córdoba con el 9,9 por ciento, abarcando un total de 4.900 mesas electorales registradas en todo el país. Por partidos y coaliciones, la Coalición Cambio Radical-Alma concentra el 31,2 por ciento de los testigos, el Partido de la Unión por la Gente (La U) el 25,6 por ciento, la Alianza por Colombia el 19,2 por ciento, el Movimiento Salvación Nacional el 11,1 por ciento, y Mira junto con Colombia Renaciente el 6,9 por ciento. El CNE anticipa un aumento en esta cifra antes del cierre de inscripciones.
Propósito y modernización del sistema
La inscripción de estos testigos busca verificar el cumplimiento de las reglas electorales, reportar irregularidades y modernizar el sistema de vigilancia electoral, en el marco de los avances en la preparación de los comicios de 2026. Esta iniciativa fortalece la transparencia en un contexto donde la Misión de Observación Electoral (MOE) ha identificado riesgos en 170 municipios, distribuidos en 81 de riesgo extremo, 51 alto y 38 medio.
Desafíos de seguridad en regiones críticas
Entre los principales desafíos destacan las amenazas de fraude y violencia en subregiones como Arauca, el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, el andén Pacífico, el norte del Cauca, el suroriente que incluye Meta, Caquetá y Guaviare, así como el medio y bajo Putumayo. Estas zonas demandan una vigilancia reforzada para garantizar la integridad del proceso democrático en las elecciones venideras.
