El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción a la campaña Petro Presidente 2022-2026 por superar los topes de gasto electorales en más de 5.300 millones de pesos, una decisión adoptada en una sala plena que duró menos de una hora tras una investigación de más de un año liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció de inmediato que no acepta esta medida, alegando irregularidades en el proceso y control opositor en el organismo electoral.
La sanción se basa en la omisión de gastos por 3.700 millones de pesos en la primera vuelta y 1.600 millones en la segunda, totalizando el exceso detectado, derivado de irregularidades como la omisión de aportes del sindicato Fecode, contrataciones de publicidad en Caracol Televisión, pagos a testigos electorales, contribuciones de la Unión Patriótica y la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO), así como desembolsos a Ingenial Media SAS, todo financiado con fuentes prohibidas según el CNE. La recopilación de pruebas y testimonios por parte de los magistrados investigadores culminó en esta resolución, que contó con la participación de dos conjueces, incluido el abogado de la campaña de Federico Gutiérrez.
Rechazo presidencial y acusaciones cruzadas
Petro cuestionó la imparcialidad del CNE, señalando que controlan el consejo y que el conjuez es el abogado de «Fico», perteneciente a un grupo de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez, afirmando que la multa se hizo de manera extemporánea y parcializada. Esta decisión representa un hito en la fiscalización de campañas presidenciales en Colombia, haciendo público el expediente para que todos los ciudadanos conozcan las pruebas recopiladas.
“NO HAY UN SOLO PESO DEL NARCOTRAFICO EN MI CAMPAÑA. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Desde la oposición, figuras como la senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, celebraron la resolución y demandaron sanciones constitucionales drásticas, recordando que romper los topes electorales implica la destitución del cargo público obtenido. Valencia retó además a Petro a publicar los reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre Ricardo Roa, gerente de la campaña, para revelar la procedencia desconocida de fondos.
“Gustavo Petro rompió los topes electorales en su elección a presidente y la Constitución es absolutamente clara: quien obtiene un cargo público rompiendo los topes electorales tiene como sanción la destitución. Esta es una decisión muy importante porque sobre todo hace público el expediente para que todos los colombianos puedan conocer cuáles son las pruebas”
Paloma Valencia, senadora de la República
“Vuelvo y reto al presidente que publique los reportes de la UIAF de Roa, Ricardo Roa, gerente de la campaña, durante los meses de la campaña, porque se dice que ahí están las pruebas evidentes de cómo se manejaron fondos cuya procedencia se desconoce”
Paloma Valencia, senadora de la República y precandidata presidencial por el Centro Democrático
Las reacciones políticas se intensifican ante este fallo, con la oposición exigiendo la destitución de Petro y el mandatario denunciando una persecución orquestada, en un contexto de tensiones crecientes por la fiscalización electoral en el país.
