En una sesión que duró menos de una hora el 27 de noviembre de 2025, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral de Colombia impuso una sanción formal a la campaña Petro Presidente 2022-2026 por exceder los topes de gasto electoral durante las elecciones presidenciales de 2022, tanto en la primera como en la segunda vuelta. La decisión fue aprobada por los magistrados Benjamín Ortiz del Partido Liberal, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, Maritza Martínez del Partido de la U, Altus Baquero del Partido Liberal, Alfonso Campos del Partido Conservador y el conjuez Majer Nayi Abushihab, con el voto en contra del conjuez Iván Acuña; la magistrada Alba Lucía Velásquez del Pacto Histórico se apartó del conocimiento y Álvaro Echeverry de Colombia Justa Libres se declaró impedido.
La ponencia aprobada por votación detalla un exceso total de 5.300 millones de pesos, distribuidos en 3.700 millones durante la primera vuelta y 1.600 millones en la segunda, atribuido al sobregiro de límites legales de gasto y al uso de fuentes prohibidas. Entre las pruebas presentadas destacan pagos no reportados provenientes de Fecode, Caracol TV, remuneraciones a 30.256 testigos electorales del Pacto Histórico en la primera vuelta, aportes de la Unión Patriótica y la USO, así como desembolsos a Ingenial Media SAS.
Implicaciones constitucionales y reacciones inmediatas
Esta sanción revive el debate sobre la violación al artículo 109 de la Constitución Política, reformado por el Acto Legislativo 1 de 2003, que establece la pérdida del cargo por incumplimiento de topes de financiación electoral. El abogado Daniel Briceño, quien impulsó la denuncia, celebró la decisión en la red X al citar precisamente este artículo y exigir consecuencias.
«El CNE acaba de sancionar la campaña de Petro por volarse los topes de gastos en 3.698 millones».
Daniel Briceño, abogado
«Petro debe salir».
Daniel Briceño, abogado
La medida genera incertidumbre política al cuestionar la continuidad del mandatario en el cargo, abriendo la puerta a un proceso de destitución que involucraría al Congreso de la República, en un contexto de polarización derivado de las elecciones presidenciales de 2022 donde Gustavo Petro se impuso con la coalición del Pacto Histórico.
