En el cierre de 2024, la actualización oficial de la extensión de coca en Colombia arrojó una cifra de 262.000 hectáreas a lo largo del país, un aumento del 3% respecto a 2023, y, según el reporte, la coca superó la extensión sembrada de cacao, yuca y papa. Con estas cifras, la coca se dibuja como una variable central en el mapa rural, mientras que otros cultivos legales mantienen extensiones relevantes al finalizar el año: el café llega a 838.838 hectáreas, el arroz a 711.030 y la palma de aceite a 689.915; cacao marca 260.954 hectáreas, la yuca 241.248 y la papa 196.337. Este cuadro pone de relieve un cruce entre áreas ilícitas y productivas que define la realidad agropecuaria en regiones disímiles del país.
El anuncio fue hecho por el presidente Gustavo Petro durante la presentación oficial de la actualización al cierre de 2024, y en la encomienda de datos que acompaña al informe participaron actores del sector agropecuario. Entre ellos, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, sostuvo que prácticamente son zonas olvidadas y están bajo la cultura de la ilegalidad, y advirtió que mientras este negocio sea rentable, y el Estado no tenga la capacidad para combatir a grupos criminales, será la tormenta perfecta para que siga la expansión de cultivos. El contexto sugiere que la coca se concentra en regiones remotas y con acceso complejo, donde la institucionalidad es débil y el control de actores criminales es significativo, una realidad que dificulta respuestas al crecimiento de este cultivo y complica la dinámica de los cultivos legales. Paralelamente, la reducción de áreas sembradas de papa y yuca se atribuye a problemas de comercialización, costos elevados y presión sobre los precios al consumidor, mientras que el café, el arroz y la palma de aceite continúan manteniendo volúmenes relevantes que sostienen la economía rural.
Desafíos regionales y la tensión entre cultivo ilícito y producción legal
Antecedentes recientes marcan que hace poco más de un mes Estados Unidos descertificó a Colombia en su lucha contra el narcotráfico, un contexto que añade presión a las políticas de control y a las estrategias de desarrollo rural. La relación entre coca y cultivos legales señala desigualdad territorial y dependencia de la presencia estatal en zonas rurales, donde la coca se instala y desplaza a otros cultivos por cuestiones de rentabilidad y acceso, más allá de las dinámicas de mercado tradicionales. En lo regional, se insiste en que la coca se asienta principalmente en áreas con baja presencia institucional, mientras que el café, el arroz y la palma de aceite siguen sostenidos por estructuras de negocio y cadenas de valor que, aunque endeudadas con retos, ofrecen ingresos estables en diversos territorios.
«al cierre de 2024, se determinó que hay 262.000 hectáreas de coca en todo el país» – Gustavo Petro, presidente de Colombia
«prácticamente son zonas olvidadas y están bajo la cultura de la ilegalidad» – Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)
«mientras este negocio sea rentable, y el Estado no tenga la capacidad para combatir a grupos criminales, será la tormenta perfecta para que siga la expansión de cultivos» – Jorge Bedoya, presidente de la SAC
La actualización oficial subraya que la persistencia de la coca en un entorno de presencia estatal desigual exige respuestas integrales orientadas a fortalecer la seguridad, las instituciones y las cadenas de valor legales en la economía rural, para reducir brechas y promover un desarrollo más equilibrado entre las regiones. En ese marco, la relación entre coca y cultivos legales se presenta como un mosaico que exige políticas coordinadas entre seguridad, desarrollo rural y atención a la pequeña y mediana producción, con miras a mitigar impactos sobre la seguridad alimentaria y la convivencia pacífica en el campo colombiano.
