El Colectivo Justicia Racial, liderado por el abogado y CEO Alí Bantú Ashanti, denunció la presunta desaparición y retención ilegal del menor indígena L.C.A.V. por parte del Ejército Nacional durante una operación militar en la frontera entre Puerto Santander y Mirití-Paraná, en el departamento de Amazonas, el pasado 1 de octubre de 2025. Según el colectivo, el menor fue capturado en un bombardeo contra disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, y desde entonces su familia no ha recibido noticias. El Ejército Nacional negó categóricamente la retención, afirmando que el menor falleció en el operativo y que su cuerpo se encuentra en Medicina Legal del Meta para procesos de identificación. Esta denuncia llegó al Juzgado 17 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, donde una tutela interpuesta por Héctor Marcial Quiñones Quijano, agente oficioso de la familia, fue declarada improcedente por falta de pruebas, aunque procede la impugnación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La familia del menor reportó no solo su desaparición, sino también la muerte de dos de sus hijos en la misma operación, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre el involucramiento de menores en zonas de conflicto. El Ejército indicó que los cuerpos de los combatientes abatidos, incluyendo el del menor, fueron entregados a Medicina Legal en Meta. El Colectivo Justicia Racial ha identificado estos casos a través de denuncias familiares, informes forenses, reportes periodísticos y organizaciones sociales, y también acusa revictimización de las familias por parte de funcionarios de Naciones Unidas. Entidades como la Fiscalía y el ICBF en Amazonas, así como Medicina Legal, no registran al menor en sus sistemas, lo que alimenta las dudas sobre su paradero.
Un patrón de menores en operativos militares
Estas operaciones forman parte de las autorizaciones del Gobierno de Gustavo Petro contra grupos armados ilegales que reclutan forzosamente a menores, con familias de víctimas en Leticia, Guaviare, Cauca y Arauca representadas por el colectivo. Las cifras son alarmantes: al menos 15 menores de edad han muerto en operativos militares recientes, y el colectivo reporta más de un caso de presuntas desapariciones o retenciones ilegales, sugiriendo un patrón peligroso en el que niños aparecen muertos, heridos o desaparecidos sin explicaciones claras del Estado.
“En lo que respecta a la ‘retención ilegal’ de un menor, el Estado no ha salido a reconocerlo oficialmente, pero eso no significa que no exista. Lo que hay es un conjunto de hechos profundamente preocupantes: niños que aparecen muertos en operativos militares, otros que desaparecen sin explicación y familias que no reciben respuestas”
Alí Bantú Ashanti, abogado y CEO del Colectivo Justicia Racial
“Sí, hay más de un caso. No estamos hablando de un hecho aislado, sino de una situación que empieza a dibujar un patrón peligroso: menores involucrados en escenarios de guerra, muertos, heridos o desaparecidos, y un aparato estatal que responde con silencio o con versiones incompletas”
Alí Bantú Ashanti, abogado y CEO del Colectivo Justicia Racial
Por su parte, el Ejército Nacional fue enfático al desmentir las acusaciones: “el tema de la retención no es verdad”. El colectivo comunicó estos hechos el 21 de noviembre de 2025, exigiendo mayor transparencia en las operaciones militares para evitar tragedias con menores reclutados por grupos armados y garantizar respuestas claras a las familias afectadas.
