El Colegio Refous de Bogotá, con casi siete décadas de trayectoria educativa, anunció en las últimas semanas su decisión de acogerse a la Ley 1116 de insolvencia empresarial, justo después de haber matriculado a más de 1.500 estudiantes. Santiago Jeangros, rector del plantel, comunicó la medida a través de una circular, un video en redes sociales y un comunicado oficial, explicando que se trata de un recurso normal previsto en la legislación colombiana para reorganizar las obligaciones económicas ante una situación financiera crítica, con deudas que superan los 30.000 millones de pesos, recomendada por un comité de expertos.
La noticia ha generado incertidumbre en la comunidad educativa, en medio de una crisis sectorial en Bogotá marcada por el cierre de varios colegios del distrito. Los problemas financieros del Refous se vinculan a cambios administrativos ocurridos tras el fallecimiento de su líder histórico, lo que ha puesto en riesgo la continuidad del colegio si no se logra un acuerdo de reorganización, con el peligro de una liquidación y cierre inmediato que afectaría las matrículas ya pagadas y la educación de cientos de familias.
Preocupación y reclamos de los padres de familia
Padres de familia expresaron su profunda inquietud por el futuro del colegio, donde sus hijos han construido gran parte de su vida escolar. Muchos se enteraron de la crisis por vías informales y un cartel frente al establecimiento, reclamando falta de transparencia pese a las altas matrículas pagadas en un colegio de prestigio.
«Estamos muy preocupados porque no sabemos cuál será el futuro del colegio. Nuestros hijos han construido su vida aquí y la incertidumbre es muy grande»
Padre de familia consultado
«Uno confía en un colegio prestigioso, paga matrículas altas y espera transparencia. No es justo enterarse de una crisis de esta magnitud de esta forma»
Otro padre afectado
Por su parte, el rector Jeangros minimizó el impacto inmediato al asegurar que el colegio continuará operando con normalidad mientras negocia la reorganización, garantizando la calidad educativa, aunque la decisión final está sujeta a la aprobación de la Superintendencia de Sociedades. Esta situación resalta los desafíos financieros que enfrentan instituciones educativas tradicionales en Colombia, dejando en vilo el destino de más de 1.500 estudiantes en un contexto de creciente inestabilidad en el sector.
