En un revelador informe presentado con motivo del Día Internacional de la Niña, la Fundación Plan dio a conocer que entre 2020 y 2025 Colombia registró 25.081 embarazos infantiles forzados en niñas menores de 14 años, una cifra que evidencia la grave vulneración de derechos que enfrentan las menores en el país. El reporte, elaborado por el Observatorio de la organización con base en datos oficiales del Ministerio de Salud y la Fiscalía, también revela que 21 niñas fallecieron por complicaciones gestacionales durante ese mismo periodo, lo que subraya los riesgos físicos extremos que conlleva un embarazo a tan temprana edad.
Para 2025, el informe contabilizó 3.179 casos de embarazo infantil forzado, lo que representa una reducción del 7,5% frente al año anterior, con 259 casos menos que en 2024. Sin embargo, la presidenta ejecutiva de Fundación Plan, Ángela Anzola De Toro, insistió en que estas cifras no deben llevar a la complacencia, pues cada caso es una alerta de violencia sexual. En Colombia, las relaciones sexuales con niñas menores de 14 años constituyen delitos sexuales, y un embarazo a esa edad es señal inequívoca de abuso, dado que no existe consentimiento legal posible.
Territorios donde se concentra la problemática
El informe detalla que cinco departamentos concentran el 36% de los casos registrados en 2025. Antioquia encabeza la lista con 369 casos, seguido de Bogotá con 221, La Guajira con 205, y Bolívar y Valle del Cauca con 172 cada uno. Pero mientras la mayoría de regiones mostró una disminución, cuatro territorios presentaron incrementos significativos: Amazonas con un alarmante aumento del 44%, Guainía con 40%, Norte de Santander con 30% y Caldas con 27%. Estos datos revelan que la problemática sigue expandiéndose en zonas donde la presencia estatal es limitada y persisten factores como la pobreza, la deserción escolar y el conflicto armado.
Otro dato preocupante es que 51 niñas que ya habían sido madres volvieron a quedar embarazadas en 2025, lo que indica la repetición del ciclo de abuso. Además, la organización advierte que 5 de cada 100 niñas y adolescentes en Colombia se encuentran en uniones tempranas, una práctica que incrementa el riesgo de violencia sexual y embarazos forzados. En cuanto a la respuesta judicial, apenas el 15% de los 3.179 casos de 2025 llegó a un proceso judicial, mientras que 467 denuncias de violencia sexual contra niñas fueron presentadas ante la Fiscalía, lo que supone un aumento del 9,9% respecto a 2024.
«Como sociedad no podemos culpar a las niñas de las violencias que enfrentan. La protección de la niñez es responsabilidad de las personas adultas, quienes debemos reflexionar sobre nuestro rol en esta problemática»
Ángela Anzola De Toro, presidenta ejecutiva de Fundación Plan
La Fundación Plan también puso de relieve otras formas de violencia que afectan a las menores, como la mutilación genital femenina, con 98 casos registrados entre 2024 y marzo de 2026. En materia legislativa, el país ha dado pasos importantes con la Ley 2447 de 2025, que eliminó el matrimonio infantil, y la Ley 2609 de 2026, orientada a prevenir y erradicar esa práctica. No obstante, la organización subraya que estos cambios legales deben ir acompañados de acciones concretas de prevención y atención en los territorios, para que las niñas puedan crecer libres de violencia y con pleno acceso a sus derechos. La responsabilidad, insiste Anzola, recae en las personas adultas y en el Estado, no en las víctimas.
