El Estado colombiano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) su responsabilidad internacional por las omisiones que impidieron la captura de un hombre condenado por abuso sexual contra una niña de cuatro años, y cerró el caso mediante un acuerdo de solución amistosa que incluye medidas de reparación integral para la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad durante el proceso. La petición fue presentada en 2017 por la madre de la menor, quien denunció que las autoridades no lograron ejecutar la orden de detención pese a que existía una sentencia firme.
El agresor fue condenado en diciembre de 2015 a trece años de prisión por actos sexuales con menor de catorce años, y la sentencia fue confirmada en febrero de 2016 por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, las autoridades colombianas no lograron ubicarlo ni detenerlo, a pesar de que se emitieron órdenes de captura y se gestionó una notificación roja de Interpol sin resultados. Ante esta situación, la madre de la víctima acudió al sistema interamericano, y la Cidh admitió el caso por posibles vulneraciones a los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, los derechos del niño, la protección judicial y las obligaciones establecidas en la Convención de Belém do Pará.
Reparaciones y medidas acordadas
El acuerdo, suscrito entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la víctima y su madre con la mediación de la Cidh, establece un conjunto de reparaciones que buscan resarcir el daño causado por la falta de captura del condenado. Entre las medidas se incluye un auxilio económico para que la víctima curse estudios técnicos, tecnológicos, universitarios o de posgrado; beneficio que fue ampliado mediante un otrosí suscrito en 2025 y perfeccionado en 2026 para cubrir también instituciones educativas en el exterior. Además, se contemplan compensaciones económicas, seguimiento integral en salud física y mental, y la publicación del informe de la Cidh sobre el caso. La Fiscalía General de la Nación se comprometió a continuar las actuaciones para localizar y capturar al condenado, y deberá realizar reuniones semestrales con las víctimas para informar sobre los avances en esa búsqueda.
Participación directa de la víctima y supervisión
La Cidh calificó como una buena práctica la participación directa de la víctima joven en la definición de las medidas de reparación, ya que ella intervino activamente en las negociaciones del acuerdo. La comisión recordó que las violaciones a derechos humanos cometidas durante la infancia pueden producir consecuencias permanentes y que las reparaciones deben responder al interés superior de los niños y adolescentes. El acuerdo de solución amistosa permitió cerrar el caso sin necesidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una eventual condena contra el Estado colombiano. No obstante, la Cidh mantendrá la supervisión del cumplimiento de todas las medidas hasta verificar que se hayan implementado en su totalidad.
