Colombia registró 37 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, un retroceso respecto a los 40 puntos obtenidos en 2023, lo que la ubica en el puesto 99 entre 182 países evaluados a nivel global, según los resultados presentados por Transparencia por Colombia. La organización, liderada por su director ejecutivo Andrés Hernández, reveló estos datos que reflejan una percepción negativa sobre la corrupción en el sector público, basados en información recopilada durante 2024 a partir de 13 fuentes provenientes de 12 instituciones internacionales, incluyendo organismos multilaterales, consultoras y centros de pensamiento.
Este indicador global analiza políticas públicas, investigaciones, compromisos anticorrupción y cobertura periodística, y un puntaje inferior a 50, como el de Colombia, señala serias debilidades en la capacidad institucional y la integridad pública. El descenso desde el mejor registro de la última década en 2023, pasando por 39 puntos en 2024, evidencia un deterioro progresivo en la percepción ciudadana y experta sobre la gestión de la corrupción en el país.
Comparaciones regionales y globales
En el contexto de las Américas, Colombia se posiciona por encima de Argentina con 36 puntos, Brasil con 35, Ecuador y Panamá ambos con 33, pero lejos de líderes como Canadá con 75, Uruguay con 73 y Chile con 63. A nivel mundial, los países mejor calificados son Dinamarca con 89, Finlandia con 88 y Singapur con 84, destacando la brecha entre Colombia y las naciones con sistemas más sólidos contra la corrupción.
Escándalos que impactan la percepción
Entre los factores que explican este retroceso se encuentran grandes escándalos de corrupción cada vez más sofisticados, como el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), involucrando direccionamiento de contratos, desvío de recursos públicos y participación de funcionarios, contratistas y congresistas. Además, destaca la investigación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, interés indebido en contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Otros eventos incluyen la concesión de asilo por parte del gobierno al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por corrupción, y la falta de implementación de la consulta popular anticorrupción aprobada en 2018.
“Seguimos evidenciando unos grandes escándalos de corrupción, cada vez más sofisticados y complejos, que involucran grandes presupuestos públicos, que involucran a tomadores de decisión en el alto nivel del Gobierno, del Estado, y que generan unos impactos cada vez más amplios, un número enorme de víctimas y una gran cantidad de daños que no están siendo reparados”
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia
“Hemos pasado a que la agenda anticorrupción esté en un segundo lugar de importancia del Gobierno, segundo o tercero, si se quiere; no ha llevado la prioridad que necesita. Y alrededor de esto, además, ha habido unos escándalos de corrupción en el círculo íntimo del presidente de la República, en su familia, en sus colaboradores más cercanos, y esto, evidentemente, tiene una afectación muy fuerte”
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia
Hernández enfatizó la dificultad de avanzar en transformaciones profundas cuando surgen escándalos semanales vinculados a personas cercanas al presidente, subrayando la necesidad de un liderazgo claro, contundente y coherente para revertir esta tendencia y fortalecer la lucha contra la corrupción en Colombia.
