El gobierno de Abelardo de la Espriella ha dado un giro radical a la política de seguridad colombiana al abandonar el enfoque de «paz total» impulsado por su antecesor, Gustavo Petro, y reemplazarlo por una ofensiva militar respaldada por Estados Unidos, con una promesa de asistencia que podría alcanzar los mil millones de dólares. La estrategia, anunciada tras la asunción del nuevo mandatario, implica el fin de las negociaciones con grupos armados, la reanudación de la aspersión aérea de cultivos de coca, la reactivación de las extradiciones y una campaña de bombardeos y operaciones terrestres coordinadas desde el Ministerio de Defensa, liderado por Jorge Mora López.
El deterioro de la seguridad durante la administración de Gustavo Petro, entre 2022 y 2026, sirvió como justificación para el cambio de rumbo. Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, aunque el número de combatientes armados se mantuvo estable en unos 12.000 entre 2015 y 2025, la presencia territorial de los grupos se disparó: los municipios con presencia de organizaciones como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo pasaron de 195 en 2019 a más de 410 en 2025. La expansión de los cultivos de coca, que saltaron de 96.000 hectáreas en 2015 a 261.000 en 2024 según la UNODC, alimentó un crecimiento exponencial de los ingresos ilegales: los grupos criminales multiplicaron por 5,5 sus ganancias por cocaína hasta alcanzar los 16.500 millones de dólares anuales, mientras que la minería ilegal pasó de generar entre 2.000 y 3.000 millones anuales a 8.400 millones en 2025. La extorsión vinculada a secuestros casi se triplicó en ese período, los hurtos se duplicaron y los homicidios subieron un 11%.
Ante este panorama, De la Espriella ordenó el primer ataque aéreo contra el ELN en Catatumbo apenas tres días después de asumir el cargo, y lanzó operaciones como la Operación Amón contra el bloque Jorge Suárez en Guaviare, la Operación Azarías contra el frente Carolina Ramírez, y la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, compuesta por 1.200 miembros, dedicada a combatir el robo de hidrocarburos. Nueve resoluciones presidenciales pusieron fin a los procesos de negociación heredados del gobierno anterior, que había implementado cinco ceses al fuego iniciales, ocho prórrogas y cuatro acuerdos con grupos urbanos, al tiempo que restringió las operaciones militares y recortó los recursos del sector defensa en 606.000 millones de pesos en 2024, agravados por el Decreto 0069 de enero de 2025 que congeló fondos.
La herencia militar y la cooperación con Estados Unidos
El nuevo gobierno recibió unas fuerzas armadas seriamente debilitadas. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz de septiembre de 2026 reveló que el 56% de las aeronaves militares están fuera de servicio y el 48% de las embarcaciones navales y fluviales no son operativas. La Armada solo contó con fondos para el 59% de sus necesidades de mantenimiento en 2025, y las brechas de financiación operativa alcanzaron el 96% en artillería, 93% en transporte y 78% en caballería. Además, el expresidente Petro había retirado a 52 altos generales, lo que afectó la cadena de mando. A esto se suma que, de los 13.000 combatientes de las FARC desmovilizados tras el acuerdo de 2016, muchos se reincorporaron a la criminalidad o se unieron al ELN y a disidencias como el Frente Primero o la Segunda Marquetalia.
La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. El secretario de Estado, Marco Rubio, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan, integraron a Colombia en el «Escudo de las Américas» y en la «Coalición de las Américas contra los Cárteles» (A3C). El 8 de septiembre de 2026, De la Espriella y Rubio anunciaron el «Plan Patriota para el siglo XXI», que contempla la modernización de aeronaves, helicópteros, radares, drones, defensa aérea, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales, respaldado por los mil millones de dólares de asistencia de USAID comprometidos por la administración Trump. Como muestra del nuevo rumbo, en el primer mes de gobierno fueron extraditadas 94 personas a Estados Unidos.
Operaciones en curso y reacciones internacionales
En el terreno, las operaciones han tenido resultados mixtos. El 27 de agosto de 2026, bombardeos contra campamentos del ELN en Guaviare generaron controversia por la presunta presencia de menores en el lugar. El 21 de septiembre, una operación en Santa Marta logró la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias «Cholo», segundo comandante de las ASCN, lo que desató un paro armado. El ELN respondió con un ataque con drones en Ocaña el 4 de septiembre y el 24 de septiembre fue capturado el líder del ELN Isaís. Mientras tanto, combates entre el ELN y el Clan del Golfo en Montecristo, el 2 de septiembre, evidencian la fragmentación violenta del conflicto. En el plano judicial, un programa piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo fue suspendido el 11 de septiembre por un juez de Puerto Asís ante presuntos riesgos para la salud.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Save the Children han manifestado su oposición al enfoque militar del gobierno De la Espriella, advirtiendo sobre el impacto humanitario de las operaciones. La situación se complica aún más por la presencia de 2,8 millones de venezolanos desplazados en Colombia y el hecho de que Venezuela, bajo el gobierno de Delcy Rodríguez, sigue siendo refugio y fuente de ingresos para el ELN y las disidencias de las FARC, un factor que el nuevo gobierno deberá enfrentar en su estrategia de seguridad integral.
«El cambio de estrategia en Colombia recuerda la transición de Andrés Pastrana a Álvaro Uribe: se abandona la negociación para dar paso a una ofensiva militar total, con el respaldo decidido de Estados Unidos».
Analista de seguridad, Fundación Ideas para la Paz
