Colombia conmemora este año los nueve años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, un pacto histórico rubricado en 2016 para poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado, que ha impulsado avances significativos en la reincorporación de excombatientes, la adjudicación de tierras y la justicia transicional, respaldados por una inversión superior a los 107 billones de pesos. Entidades como el Estado colombiano, la Fundación Ideas para la Paz, la Agencia Nacional de Tierras, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Partido Comunes y la Misión de Verificación de la ONU destacan progresos en programas clave como el Sistema de Información para la Seguridad y la Protección, el Programa de Seguridad y Protección, el Plan de Protección Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, RenHacemos, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la JEP, aunque persisten retos en la implementación plena, especialmente en la reforma rural y la sustitución de cultivos, en regiones como Bolívar, Antioquia y el Caribe.
Más de 11.000 excombatientes se encuentran en proceso de reincorporación, con el Partido Comunes ostentando 10 escaños en el Congreso, mientras que en materia de tierras se han adjudicado 16.500 hectáreas hasta agosto de 2025, sumando un total de 275.577 hectáreas, aunque el 84 por ciento de los títulos definitivos aún están pendientes y solo se ha alcanzado el 9 por ciento del objetivo de tres millones de hectáreas redistributivas. Además, se han formalizado 3,5 millones de hectáreas, la mitad de la meta de siete millones, beneficiando al 64 por ciento de los agricultores y al 75 por ciento de las comunidades étnicas, con el Fondo de Tierras adquiriendo más de 640.000 hectáreas y entregando 250.703 de manera redistributiva.
Avances en justicia transicional y atención a víctimas
La Jurisdicción Especial para la Paz ha sancionado a siete miembros del Secretariado de las FARC en el caso 01 y a 12 miembros de la Fuerza Pública en el caso 03, en tanto que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha recuperado 1.239 cuerpos, realizado 162 entregas dignas y localizado con vida a 141 personas. En el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, se han aprobado más de 56.000 planes de inversión, pero solo el 1,5 por ciento de las familias ha recibido atención completa, y RenHacemos beneficia a 3.913 personas en 5.885 hectáreas. La Misión de la ONU reporta, sin embargo, 481 excombatientes asesinados, 164 intentos de homicidio y 57 desapariciones, lo que subraya la activación de mecanismos como SISEP, PESP y PPI para fortalecer la seguridad.
Retos pendientes en reforma rural y seguridad
El nuevo Programa de Drogas 2023-2033 establece la meta de reducir 90.000 hectáreas de coca para 2026, mientras que en el ámbito rural se han creado Zonas de Reserva Campesina en Áreas de Reserva Forestal, aunque la implementación enfrenta estancamientos como la Jurisdicción Agraria, pendiente de dos debates en el Congreso, según exhorta la Defensoría del Pueblo. La Ley 2421 de 2024 fortalece las políticas para víctimas con enfoque de género y diversidad, pero persisten riesgos de seguridad, violaciones a los derechos humanos, desplazamientos y violencia sexual en zonas críticas. A pesar de estos hitos, el Acuerdo de Paz demanda mayor celeridad para consolidar la paz estable y duradera en todo el territorio nacional.
