El gobierno de Colombia, a través de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, presentó una demanda formal ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) contra Ecuador por la imposición de una «tasa de seguridad» del 30% a las exportaciones colombianas, vigente desde el 1 de febrero y considerada un arancel prohibido por la normativa comunitaria. Esta medida, anunciada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa el 21 de enero durante el Foro Económico Mundial en Davos e implementada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, motivó la acción legal bajo el artículo 46 de la Decisión 425, solicitando la suspensión inmediata y medidas cautelares para proteger el comercio regional.
La disputa surge porque Ecuador justifica la tasa por la supuesta falta de cooperación colombiana en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común, tras el fracaso de negociaciones bilaterales previas que no lograron un acuerdo en materia de cooperación fronteriza. Colombia argumenta que esta tasa equivale a un arancel del 30% prohibido por el Acuerdo de Cartagena y las Decisiones 425, artículos 46 y 47, alterando flujos comerciales sólidos que posicionan a Ecuador como el sexto destino total de las exportaciones colombianas y el segundo en bienes no minero-energéticos, en un contexto de déficit comercial favorable a Ecuador por más de mil millones de dólares anuales.
Retaliación comercial y suspensiones
En respuesta inmediata, Colombia impuso un arancel espejo del 30% sobre aproximadamente 50 productos ecuatorianos clave para el mercado colombiano, incluyendo fríjol, arroz, plátano, aceites, azúcar, llantas, calzado, tubos de aluminio, envases, alcoholes etílicos e insecticidas, lo que impacta directamente bienes manufacturados y agroindustriales no minero-energéticos. Además, se suspendió la exportación de energía colombiana a Ecuador, una medida que genera un costo diario de dos millones de dólares y agrava las tensiones. Los productos colombianos más afectados son manufacturas, alimentos procesados y textiles, lo que podría elevar los precios internos de arroz, plátano y fríjol en Colombia.
La CAN ya admitió la demanda y abrió una investigación inicial que incluye recopilación de información, diligencias y audiencias, un proceso que podría extenderse por meses. Este conflicto marca un quiebre en las relaciones comerciales previamente sólidas entre ambos países, con el gobierno de Gustavo Petro arremetiendo contra la medida ecuatoriana en defensa de los principios andinos de libre comercio.
