Colombia se consolidó nuevamente como el país más letal del mundo para los defensores del ambiente y la tierra durante 2025, según el informe anual de Global Witness presentado el pasado 15 de septiembre. El documento registró 39 asesinatos de líderes y lideresas en el territorio nacional, una cifra que, aunque inferior a los 48 casos reportados en 2024, mantiene al país en el primer lugar del ranking global de violencia contra defensores ambientales. El departamento del Cauca se erige como el epicentro de esta tragedia, concentrando 13 de los homicidios documentados, es decir, una tercera parte del total nacional y más del diez por ciento de los 124 asesinatos registrados en todo el mundo durante el año.
El perfil de las víctimas en Colombia revela un patrón de violencia sistemática contra los pueblos originarios y las comunidades campesinas. De acuerdo con el informe de Global Witness, casi la mitad de los defensores asesinados en el país pertenecían a comunidades indígenas, mientras que 15 de las víctimas eran campesinos. A nivel global, la organización documentó el asesinato de 44 personas indígenas, entre ellas siete integrantes de guardias indígenas, una cifra que evidencia la creciente agresión contra los mecanismos comunitarios de protección territorial.
Cauca: el departamento más peligroso para la defensa del territorio
El Cauca acumula 171 asesinatos desde 2012, la cifra más alta entre todos los departamentos de Colombia, y en 2025 cuatro de los 13 homicidios registrados en la región correspondieron a guardias indígenas. El caso del guardia nasa Edgar Tumiñá Gembuel fue destacado por Global Witness dentro del recuento de personas indígenas asesinadas por defender su territorio, convirtiéndose en un símbolo de la violencia que enfrentan quienes protegen sus tierras ancestrales. Los factores estructurales que explican esta realidad son múltiples: disputas por la tierra, presencia de economías ilícitas, minería ilegal y el control de corredores estratégicos para el tráfico de cocaína por parte de grupos armados colombianos y cárteles mexicanos.
Los datos del informe establecen una relación directa entre los asesinatos y los conflictos por la tierra: 35 de los 39 homicidios documentados en Colombia estuvieron vinculados a este factor. El crimen organizado aparece como responsable en 17 casos, mientras que cinco víctimas fueron asesinadas por sicarios. La organización advirtió además que detrás de la reducción de asesinatos entre 2024 y 2025 podría existir un subregistro significativo, debido a las limitaciones de verificación en territorios controlados por actores armados.
Regiones en riesgo y recomendaciones al Estado
Nariño y Putumayo se suman a la lista de departamentos peligrosos para los defensores, con tres asesinatos cada uno, en un contexto marcado por los mismos elementos que convierten al Cauca en un polvorín: cultivos de coca que se quintuplicaron en la última década, minería ilegal, desplazamiento forzado y contaminación de ríos. Global Witness señaló que los territorios más biodiversos de Colombia son, precisamente, los más letales para quienes los protegen. Las comunidades indígenas y campesinas representaron casi tres cuartas partes de los asesinatos documentados a nivel mundial, lo que demuestra que la defensa del ambiente sigue siendo una actividad de alto riesgo.
Frente a este panorama, la organización hizo un llamado al Estado colombiano para que firme y aplique la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos y para que integre a las guardias indígenas en las rutas del Acuerdo de Escazú. Además, el informe alertó sobre la reducción de la ayuda internacional durante 2025, un factor que debilita la red de apoyo a los defensores y deja a las comunidades más expuestas a la violencia. Mientras el país sigue siendo el más peligroso del mundo para quienes alzan la voz en defensa de la tierra, las cifras y los testimonios recogidos por Global Witness exigen una respuesta integral que proteja a quienes arriesgan su vida por proteger el ambiente.
