El Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia expidió el Decreto 0277 del 18 de marzo de 2026, que reglamenta el funcionamiento del Fondo ‘No es Hora de Callar’, creado por la Ley 2358 de 2024. Esta norma busca financiar acciones de protección para mujeres periodistas víctimas de violencia de género, con énfasis en prevención, asistencia, medidas de seguridad e investigaciones, en un ámbito nacional que incluye niveles departamentales y municipales, priorizando zonas rurales y territorios de difícil acceso. El decreto responde al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima.
El Comité Decisorio del fondo estará presidido por el ministro o la ministra de Igualdad y Equidad, e integrará al viceministro o viceministra de las Mujeres, un representante de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y a Jineth Bedoya Lima o su designado. Esta instancia definirá las beneficiarias, el acceso a los recursos y las líneas de acción específicas, con recursos aprobados anualmente en el presupuesto del Ministerio según el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Beneficiarias y límites del fondo
Podrán acceder al fondo mujeres periodistas, con o sin título universitario, comunicadoras empíricas vinculadas a medios regionales u organizaciones sociales, realizadoras audiovisuales, reporteras gráficas, editoras y productoras de contenidos digitales que hayan sido víctimas de violencia de género. Sin embargo, el decreto establece límites claros: no se entregarán pagos directos a las víctimas, ni se cubrirán tiquetes de reubicación, exilios económicos o subsidios monetarios.
Contexto del caso que impulsó la medida
El fondo surge del emblemático caso de Jineth Bedoya Lima, secuestrada, torturada y violada en mayo de 2000 mientras cubría un motín en la cárcel La Modelo de Bogotá. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado colombiano, ordenando medidas de reparación que incluyeron la creación de este mecanismo de protección. La reglamentación operativa, promulgada en 2026, fortalece la implementación de la ley de 2024 para salvaguardar la labor periodística femenina en entornos de alto riesgo.
Esta iniciativa representa un avance en la equidad de género en el periodismo colombiano, al institucionalizar apoyos integrales sin menoscabo de la independencia profesional, y subraya el compromiso del Gobierno con los derechos humanos en un país donde la violencia contra comunicadoras persiste, especialmente en regiones apartadas.
