Colombia inicia 5.198 obras de vivienda en enero 2026, cifras de 2009

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En enero de 2026, Colombia registró apenas 5.198 inicios de obras de vivienda, una cifra que remite a los niveles de enero de 2009 y representa un retroceso de 17 años en el sector, según el informe ‘Datos que Construyen’ de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), basado en el análisis del sistema Coordenada Urbana del Ministerio de Vivienda. Esta caída marca la mayor contracción anual desde 2008, afectando especialmente los proyectos de vivienda de interés social (VIS), con una variación negativa del 73,1 por ciento, mientras que las ventas alcanzaron 11.161 unidades, un 14,7 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior, y los lanzamientos sumaron 5.304 unidades, con un descenso del 23,1 por ciento.

La incertidumbre generada por un proyecto de decreto sobre las reglas de precios para VIS explica en gran medida este desplome, según Camacol. El borrador, publicado inicialmente el 10 de enero de 2026 y actualizado el 19 de febrero, propone eliminar el tope de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes para clasificar viviendas como VIS, fijar el precio en pesos desde la separación del inmueble y considerar la omisión de esta información como una práctica abusiva, aunque el régimen de transición no está claramente definido. Este cambio podría impactar hasta el 35 por ciento del mercado VIS, equivalente a 132.000 unidades por un valor de 27 billones de pesos.

Regiones golpeadas y excepciones locales

La mayoría de las regiones del país experimentaron variaciones negativas superiores al 20 por ciento en los inicios de obra, con caídas drásticas en departamentos como Santander, Quindío, Huila, Córdoba, Sucre y Cesar, donde no se registró ningún inicio. Solo Caldas y Bolívar destacaron con aumentos, en un panorama que refleja la recesión técnica acumulada por cerca de dos años y medio en el sector de la construcción, tocando así el punto más bajo en 17 años para los inicios de proyectos habitacionales.

Camacol advierte que esta situación agrava la crisis del sector, urgida por la necesidad de claridad regulatoria para reactivar la dinámica de vivienda en Colombia y evitar mayores repercusiones económicas en un mercado ya debilitado.

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