Entre 2019 y 2024, informes de Unicef y la ONU señalan que más de 1.200 menores han sido reclutados por grupos armados en Colombia, y que en 2024 se documentaron 453 casos, cifra que, según la agencia, representa un incremento del 64% respecto a 2023; para este reportaje de La Veintitrés Manizales también se destaca que la cifra de 2023 aparece publicada como 453 casos, lo que enfatiza la compleja lectura de estos datos y la necesidad de continuar monitoreando la situación.
El análisis detalla que la mayor incidencia se concentra a lo largo de la costa Pacífica, con presencia en Cauca, Nariño y Chocó, así como en las zonas fronterizas con Venezuela, entre ellas Arauca y Norte de Santander. Además, señala que 52% de los casos ocurren en pueblos indígenas y afrodescendientes, y que la frecuencia de separación de los menores de sus famílias es de aproximadamente uno cada veinte horas. Las cifras disponibles corresponden a casos comprobados, lo que sugiere que la realidad podría ser aún más amplia por la persistente falta de reportes en zonas afectadas por violencia armada y presencia de grupos ilegales.
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Desarrollo con información específica acerca del contexto internacional y las zonas más afectadas: los informes de Unicef y de la ONU sobre infancia y conflicto armado subrayan la persistencia de esta problemática en varias regiones del país. En particular, el informe del Secretario General de la ONU sobre infancia y conflicto armado destaca la gravedad del fenómeno entre 2019 y 2024, señalando que la costa Pacífica y las áreas fronterizas con Venezuela son escenarios de mayor reclutamiento debido a la fuerte presencia de grupos armados ilegales.
«Son solo los casos que se han podido monitorear; hay muchos más niños y niñas que han sido reclutados» – Julien Hayois, especialista de protección de Unicef
En este contexto, las autoridades y la comunidad internacional llaman a una respuesta coordinada que combine monitoreo, protección de la infancia y esfuerzos para desmantelar redes armadas en las zonas más afectadas. La continuidad de estos esfuerzos es crucial para evitar que más menores sean arrastrados a la violencia y para garantizar que regresen a entornos seguros y dignos.
