El Gobierno de Colombia salió al paso de las interpretaciones políticas que rodearon el anuncio de Ecuador de eliminar los aranceles a partir del 1 de junio de 2026. A través de un comunicado oficial de la Cancillería, Bogotá desmintió que la decisión ecuatoriana responda a un gesto político o a una reunión bilateral entre el abogado colombiano Abelardo de la Espriella y el presidente Daniel Noboa. Por el contrario, el Ejecutivo colombiano atribuyó la medida al cumplimiento de una orden “perentoria” emitida por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), y advirtió que vincularla a coyunturas electorales o acuerdos personales distorsiona su fundamento jurídico y afecta la confianza en la relación bilateral.
La controversia se originó cuando algunos sectores vincularon la derogación de los aranceles a un encuentro entre De la Espriella y Noboa, lo que llevó al Gobierno colombiano a emitir un pronunciamiento para aclarar los hechos. En su comunicado, la Cancillería subrayó que la decisión ecuatoriana fue adoptada en el marco de las obligaciones comunitarias de la CAN, y no como resultado de una gestión política o de una reunión específica. Asimismo, recordó que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya habían formulado observaciones sobre los riesgos económicos de mantener restricciones al comercio, advirtiendo sobre posibles efectos negativos en la actividad productiva, la competitividad, el bienestar de las comunidades fronterizas y el funcionamiento de los mercados. Este contexto, según Colombia, refuerza el carácter técnico y jurídico de la medida, más allá de cualquier interpretación coyuntural.
Un desmentido en medio de la tensión bilateral
La noticia, que aún se encuentra en desarrollo, ha puesto de relieve la fragilidad de las relaciones entre Colombia y Ecuador en un escenario donde cualquier gesto puede ser leído en clave política. Mientras Quito avanzó en la eliminación de aranceles como parte de su agenda comercial, Bogotá insiste en separar la decisión de cualquier vínculo con reuniones bilaterales o procesos electorales. La Cancillería colombiana, al atribuir la medida a una orden de la CAN, busca preservar la institucionalidad de la relación binacional y evitar que la confianza entre ambos países se vea erosionada por interpretaciones que, a su juicio, no se ajustan a la realidad jurídica. Con este pronunciamiento, el Gobierno de Gustavo Petro intenta dejar claro que la eliminación de aranceles responde a compromisos supranacionales y no a acuerdos puntuales, mientras el país vecino continúa con su política de apertura comercial.
