Colombia carece de un delito específico y de normas claras para prevenir y sancionar el reclutamiento de ciudadanos como mercenarios en conflictos armados internacionales, según advirtió el experto Andrés Macías, profesor universitario y miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios. Sus declaraciones, publicadas en marzo de 2025, se producen tras la reciente ratificación por parte del país de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, un paso que aún no se ha traducido en la tipificación del delito de mercenarismo en la legislación interna. Macías señaló que el Estado mantiene una deuda en materia de regulación, supervisión y protección frente a un fenómeno que cada vez involucra a más colombianos.
La ausencia de un marco legal específico dificulta la prevención y sanción del mercenarismo, al tiempo que incrementa los riesgos para los derechos humanos y para la reputación internacional del país, en un contexto donde la participación de colombianos en escenarios como la guerra entre Rusia y Ucrania se ha intensificado. Macías recordó que la participación de personas en conflictos armados y otros contextos de seguridad no es un fenómeno nuevo y ocurre desde hace mucho tiempo, pero advirtió que la falta de políticas adecuadas para los veteranos ha agravado la situación. Durante muchos años las políticas dirigidas a los militares retirados fueron limitadas, y como resultado existe una población numerosa de exmilitares que aún son relativamente jóvenes —pueden retirarse alrededor de los 38 años tras dos décadas de servicio— y poseen conocimientos especializados en seguridad y defensa.
Ofertas económicas y reclutamiento predatorio
Cuando estos exmilitares reciben ofertas de empresas, gobiernos u otros actores extranjeros para prestar servicios de seguridad, las oportunidades económicas suelen resultar convenientes, explicó Macías. Sin embargo, advirtió que no todas las personas que trabajan en seguridad en el exterior son mercenarios, por lo que es necesario definir con claridad la figura del mercenario para no afectar a quienes ejercen consultoría o asesoría legítima. El experto también alertó sobre una modalidad que denominó reclutamiento predatorio, que aprovecha vulnerabilidades económicas, migratorias o laborales, e incluye casos en los que las personas son engañadas durante el proceso de contratación. Se les prometen determinadas condiciones laborales que posteriormente no se cumplen, e incluso existen condiciones coercitivas que impiden el regreso a Colombia.
«Esta dinámica ha venido creciendo y representa un desafío porque demuestra que quienes participan en estos escenarios no solo pueden convertirse en perpetradores de violaciones a los derechos humanos, sino también en víctimas de explotación laboral».
Andrés Macías, experto y miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios
El experto recomendó que además de definir la figura del mercenario, se creen mecanismos de supervisión y control, y se proteja a las víctimas de reclutamiento predatorio. No obstante, reconoció que el proceso legislativo interno para tipificar el delito avanza con lentitud. Macías señaló que todavía no se ha surtido el primer debate en el Congreso, y aunque es posible que ya existan iniciativas en trámite, el proceso está en una etapa temprana. No parece probable que alcance a discutirse antes del cierre de la actual legislatura, por lo que seguramente continuará en la próxima. Además, se trata de una iniciativa de origen legislativo y no gubernamental, lo que añade complejidad a su aprobación. Colombia ratificó la convención internacional en marzo de 2025, pero hasta ahora un número reducido de países ha adoptado dicho instrumento, lo que subraya la urgencia de avanzar en la regulación interna para cerrar el vacío que permite que el mercenarismo quede impune y que los colombianos sigan siendo vulnerables a este tipo de reclutamiento.
