En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia colombiana, una nueva norma obliga a padrastros y madrastras a pagar cuota alimentaria cuando se demuestra de manera real, sostenida y comprobable el ejercicio de un rol parental en la crianza de los menores. Esta medida, impulsada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las comisarías de familia y los jueces de familia, aplica en todo el país y surgió a raíz de un caso emblemático registrado en Ciudad Bolívar, que generó indignación nacional por las dinámicas familiares modernas en hogares reconstituidos o tras rupturas de uniones maritales con vínculos afectivos estables.
La obligación surge de la asunción voluntaria de funciones parentales y complementa las responsabilidades de los progenitores biológicos, guiada por los principios de solidaridad familiar y el interés superior del menor. Para su aplicación, se analizan pruebas como testimonios, registros de convivencia y reportes académicos, en procedimientos que se tramitan ante el ICBF, una comisaría de familia o un juez de familia. Esta norma transforma lo que históricamente se asociaba solo a los padres biológicos, extendiendo la protección a realidades familiares actuales.
Requisitos y duración de la cuota alimentaria
La cuota cubre necesidades básicas como alimentación, educación, salud, vivienda, recreación y vestuario, y se evalúa considerando la duración de la convivencia, la dependencia emocional del menor, el apoyo económico previo, así como el involucramiento en actividades del hogar y decisiones cotidianas. Su monto se determina según la capacidad económica del adulto responsable, las necesidades del niño y el vínculo afectivo demostrado. La obligación se mantiene hasta la mayoría de edad del menor y puede extenderse hasta los 25 años si este continúa estudiando y no cuenta con ingresos propios.
Impacto en la protección de los menores
Este avance jurisprudencial fortalece la protección de los niños en contextos de familias reconstituidas, respondiendo a la evolución de las estructuras familiares en Colombia y asegurando que quienes han asumido roles parentales no evadan sus compromisos al disolverse la unión. El caso de Ciudad Bolívar no solo visibilizó estas vulnerabilidades, sino que impulsó una norma que prioriza el bienestar integral de los menores por encima de lazos biológicos estrictos.
