El Gobierno de Colombia solicitó formalmente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la reforma rural integral sea excluida del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016. La petición fue presentada por el canciller Omar Bula Escobar el 12 de octubre de 2026, durante el balance trimestral de implementación del acuerdo, y será examinada por los quince miembros del Consejo el próximo 30 de octubre. La propuesta, coordinada con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dirigido por Indalecio Dandong Baquero, plantea que la reforma rural, incorporada al mandato de la misión en 2023, debe ser asumida por la institucionalidad permanente del Estado colombiano.
En su intervención, Bula Escobar explicó que la solicitud se fundamenta en la posibilidad de modificar y revisar los mecanismos de seguimiento sin poner fin a la vigencia de la Misión de Verificación, y resumió la orientación de su propuesta con una premisa: «Sin seguridad no hay paz». El canciller afirmó que el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas para los campesinos son responsabilidades fundamentales del Estado colombiano, cuyo cumplimiento exige una acción institucional permanente de largo plazo que trasciende el alcance de una misión especial.
«La reforma rural integral, por su parte, tiene una naturaleza distinta. Incorporada al mandato de la misión en 2023, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano».
Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia
El preocupante panorama de seguridad
La solicitud se produce en un momento de grave deterioro de la seguridad en el país. Según las cifras más recientes, Colombia registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca en 2023, con una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína, lo que representa un aumento del 53% frente al año anterior. Los secuestros crecieron un 250% y en 2025 se reportaron 78 masacres con 256 víctimas. El reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados aumentó un 300% en cinco años, y un 64% entre 2023 y 2024. Durante 2024 se documentaron 326 casos, lo que equivale a un menor reclutado cada 20 horas.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en sus primeros 70 días de gestión, atribuye este deterioro a los últimos cuatro años y a la política de «paz total» de la administración anterior de Gustavo Petro. En ese contexto, la propuesta del Ejecutivo busca que la reforma rural, al ser una política pública estructural y de largo plazo, sea gestionada por las instituciones permanentes del Estado en lugar de quedar sujeta a la supervisión internacional.
Reacciones divididas en el Consejo de Seguridad
La petición del Gobierno colombiano no fue recibida de manera uniforme. Dinamarca la rechazó al afirmar que «la aplicación continuada de reforma rural seguirá contribuyendo a la paz y seguridad, fortaleciendo el desarrollo económico y las condiciones que mantienen las economías ilícitas». Estados Unidos, por el contrario, valoró los cambios aplicados por la nueva administración y manifestó su disposición a profundizar la cooperación con Colombia en materia de seguridad, según expresó su representante en el Consejo.
La ONU y la decisión del 30 de octubre
El representante especial del secretario general de la ONU para Colombia, Miroslav Jenča, destacó la necesidad de implementar integralmente el Acuerdo de Paz y anunció que la Misión de Verificación espera respaldar las políticas y programas del Gobierno con presencia territorial. Por su parte, el canciller Bula aseguró que el país cuenta con los instrumentos normativos e institucionales para sostener las políticas de acceso a tierras, formalización de propiedad y desarrollo productivo sin supervisión internacional. La decisión final sobre el mandato de la Misión de Verificación será examinada por el Consejo de Seguridad el 30 de octubre, un día clave para definir el futuro del acompañamiento internacional al proceso de paz colombiano.
